Alfonso Durazo respalda investigar a fondo contratos del INE

A través de un comunicado, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expuso los antecedentes de una presunta red empresarial vinculada con contratos millonarios en organismos electorales, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum en las investigaciones y rechazó que se atribuyan a Morena responsabilidades por prácticas que, afirmó, tienen décadas de antigüedad.

Hoy están saliendo a la luz los antecedentes de una presunta red empresarial cuyos principales operadores, los hermanos Hernández Casillas, iniciaron su trayectoria en el Gobierno Federal desde 1983. 

Durante los gobiernos priistas trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente ocupó cargos en administraciones del PRI.

Tras dejar el servicio público, los hermanos comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, con antecedentes de controversias en 1999 y 2005. Así se fue construyendo un entramado de intereses que habría operado durante décadas, trascendiendo gobiernos y administraciones.

No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de una estructura que habría operado durante más de 25 años, con contratos superiores a los dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023, y otros 646 millones entre 2024 y 2025. Una red que, según las investigaciones, simulaba competencia, utilizaba empresas vinculadas entre sí y aprovechaba los recursos públicos para beneficiar intereses particulares.

Respaldamos firmemente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su determinación de llegar hasta el fondo de estas investigaciones. Que se conozca toda la verdad, que las autoridades determinen las responsabilidades y que la justicia actúe sin privilegios, sin excepciones y sin encubrimientos.

Primero van tras la titular del INE y después tras la propia institución. 

Una institución que, a través del Instituto Federal Electoral en 2006 y de la entonces Comisión Federal Electoral en 1988, les permitió conservar la Presidencia de la República sin haber ganado legítimamente las elecciones. Ese es el valor de la institución.

Pretender trasladar a Morena la responsabilidad de las deficiencias históricas de una institución electoral es una maniobra política que busca dos objetivos: disputar el control de la institución y debilitar la credibilidad del proceso de transformación ante la ciudadanía. 

No se puede responsabilizar a un movimiento por prácticas que vienen de décadas atrás. Las responsabilidades tienen nombre y apellido, y la historia no se reescribe para acomodar culpas.

La transformación de México no puede permitir que las viejas estructuras de corrupción sigan operando bajo nuevas apariencias. No importa cuándo surgieron, quiénes las construyeron ni bajo qué gobiernos prosperaron: nadie puede estar por encima de la ley.