La designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) representa un retroceso en la aspiración constitucional de contar con un organismo verdaderamente autónomo, consideró Javier Alfonso Pérez Chávez, secretario de la Barra Sonorense de Abogados.

En entrevista para Expreso 24/7, el especialista jurídico señaló que el perfil de Godoy genera dudas sobre la imparcialidad de la institución, dado que su cargo inmediato anterior fue como Consejera Jurídica de la Presidencia, es decir, una subordinada directa de la titular del Ejecutivo Federal.

“En mi opinión, lo que sucedió en esta designación es que no sólo no avanzamos a esa aspiración de autonomía, sino que retrocedimos al haber nombrado a una ex empleada directa de la presidenta de la república, a quien le rendía cuentas”, explicó Pérez Chávez.

El abogado enfatizó que la autonomía de la Fiscalía, establecida en el artículo 102 constitucional, busca que las investigaciones sean objetivas y sin línea política. Sin embargo, cuestionó el proceso de salida del anterior fiscal, Alejandro Gertz Manero, señalando que no se respetó el debido proceso constitucional que exige una "causa grave" avalada por el Senado para la remoción, manejándose en su lugar como un retiro voluntario no previsto en la ley.

Sobre la reciente detención de personajes políticos como César Duarte bajo la nueva administración de la Fiscalía, Pérez Chávez advirtió: “Las muestras de una autonomía real se darán el día que veamos que empieza a procesar a personajes de todos los partidos políticos, incluidos los del poder”.

Crisis presupuestal en Sonora

En el ámbito local, la Barra Sonorense de Abogados expresó su profunda preocupación por el presupuesto asignado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el ejercicio fiscal 2026. El Poder Judicial de Sonora no obtuvo los recursos necesarios para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El presidente del Supremo Tribunal, Rafael Acuña Griego, ha manifestado que los recursos se quedaron cortos, lo que ha llevado a plantear a nivel nacional la posibilidad de aplazar la entrada en vigor de esta reforma hasta el año 2030.

“Significaría seguir aplazando las aspiraciones de la administración de justicia legítima para todos los ciudadanos. Es decir, transitar hacia procedimientos oralizados, más ágiles y transparentes”, lamentó el secretario de la Barra.

Infraestructura inconclusa

Pérez Chávez destacó que la falta de recursos no solo afecta la implementación de nuevas leyes, sino la infraestructura actual. Señaló como ejemplo el edificio de salas para juicios orales penales ubicado junto al Cereso 1 de Hermosillo, el cual permanece sin terminarse ni habilitarse por completo a pesar de la inversión realizada.

“Si el poder económico no quiere poner atención en ello, entonces las prioridades están invertidas. Pareciera que hay dinero para muchos otros gastos, pero no para mejorar la justicia del país”, sentenció.