Funcionario de Cajeme es acusado de desviar 3.9 mdp
La Contraloría de Cajeme halla responsables al director de presupuesto, Cristian David N., y a su familia por irregularidades en contratos que suman 3.9 millones de pesos. La organización Cajeme ¿Cómo vamos? denuncia falta de controles y no descarta emprender acciones penales por este caso.
La Unidad de Responsabilidades Administrativas del Ayuntamiento de Cajeme halló como presuntos responsables de faltas graves a Cristian David N., exdirector de Presupuesto y Gasto Público, así como a su cónyuge y suegros por la adjudicación irregular de contratos que ascienden a 3.9 millones de pesos.
La investigación interna concluyó con el hallazgo de irregularidades graves en los procedimientos de contratación y la actuación bajo conflicto de interés. El caso involucra directamente al exfuncionario, quien permanece bajo suspensión temporal desde el año pasado tras la presentación de la denuncia ciudadana.
El esquema de corrupción detectado por la asociación civil Cajeme ¿Cómo vamos? revela que el exfuncionario influyó directamente en la entrega de contratos y pedidos para beneficiar a sus familiares cercanos desde el año 2022.
La red operaba mediante personas físicas con actividad empresarial que proveían al municipio servicios de impresión gráfica, lonas, agua embotellada, dispensadores, mobiliario y hasta remodelación de oficinas. En algunos casos, el propio Cristian David N. adjudicó los contratos de forma directa, mientras que en otros utilizó su voto dentro del comité de compras del Ayuntamiento para favorecer a sus parientes directos.
"La autoridad investigadora notificó que ya concluyeron las diligencias de investigación y que hallaron como presuntos responsables a este funcionario, su esposa y sus suegros por faltas graves", informa Marco Polanco, director jurídico de la agrupación, sobre los avances del proceso administrativo en el municipio.
Cuestionan omisiones de la Contraloría Municipal
La organización civil señala que la investigación de la Contraloría acredita un manejo irregular que alcanza los 3.8 millones de pesos, restando únicamente 100 mil pesos por conciliar de la cifra total denunciada originalmente. El representante legal enfatiza que el organismo no se conforma con esta resolución inicial y exige profundizar en la responsabilidad de la propia Contraloría y de la Tesorería Municipal. El órgano de control falló en sus tareas de vigilancia al tener un asiento permanente en el comité de compras donde ocurrieron las adjudicaciones ilícitas sin emitir señales de alerta.
"La organización busca que esta oficina estudie más a fondo el caso porque existen hechos que no se han analizado y que derivan en responsabilidades para más funcionarios por la falta de controles", señala el director jurídico respecto a la necesidad de ampliar el espectro de la investigación.
La falta de controles internos permitió que este servidor público favoreciera negocios familiares frente a las autoridades de fiscalización sin recibir obstáculos. Por ello, la agrupación emprenderá nuevas acciones jurídicas para garantizar que la investigación abarque las omisiones administrativas de los mandos superiores que permitieron el manejo irregular del presupuesto público. La Contraloría Municipal tiene la obligación de cerciorarse de que los proveedores no tengan impedimentos legales antes de cualquier contratación, requisito que se omitió sistemáticamente en este caso.
Posible escalada
La organización civil mantiene abierta la posibilidad de escalar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora si el Ayuntamiento no muestra voluntad política para sancionar a fondo a todos los involucrados. Aunque la denuncia actual se centra en faltas administrativas, los hechos descritos podrían configurar delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y malversación de recursos. La decisión de proceder penalmente depende de la evolución del proceso administrativo y de la respuesta de las instancias municipales para resarcir el daño al erario.
"La agrupación no descarta denunciar penalmente los hechos ante la fiscalía especializada si se comprueba que estos actos configuran delitos graves que afectan el patrimonio ciudadano", advierte Marco Polanco sobre el futuro legal del expediente.
Actualmente, el proceso administrativo continúa su curso para determinar las sanciones finales, las cuales podrían derivar en inhabilitaciones permanentes para ejercer cargos públicos y la recuperación de los recursos desviados. Cajeme ¿Cómo vamos? reitera el llamado a la ciudadanía para mantener la vigilancia sobre el gasto municipal y evitar que los recursos públicos se utilicen para el enriquecimiento de redes familiares dentro del gobierno local.
