Piden juzgar con perspectiva de discapacidad en delitos penales
El doctor Rodrigo Salas explicó que las personas con discapacidad pueden ser excluidas de responsabilidad penal si no comprenden sus actos. Destacó que esta condición debe demostrarse con peritajes y pidió aplicar protocolos para juzgar con perspectiva de discapacidad en Sonora.
El doctor Rodrigo Salas, especialista en derecho penal, hizo un llamado a autoridades y sociedad para reconocer la figura legal de la inimputabilidad en personas con discapacidad, la cual permite excluir de responsabilidad penal a quienes no comprenden sus actos debido a trastornos o condiciones mentales.
Durante su participación en el programa Actitud Inclusiva, Salas explicó que el artículo 13 del Código Penal de Sonora contempla esta figura como parte de la exclusión del delito, pero subrayó que su aplicación depende de peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos, no de percepciones o suposiciones.
“Mientras no se demuestre la discapacidad con peritajes, la persona será juzgada como imputable”, precisó.
Trastornos contemplados en la ley
Entre las causales reconocidas como excluyentes del delito se encuentran los trastornos mentales, la enajenación mental, y condiciones temporales o permanentes que impidan comprender la realidad. El especialista señaló que también deben considerarse los protocolos existentes para juzgar con perspectiva de discapacidad.
En casos de menores de edad, explicó que la ley establece que solo los adolescentes de 12 a 17 años pueden ser sujetos a medidas sancionadoras, pero bajo condiciones distintas a las de adultos. En menores con discapacidad, la inimputabilidad también puede aplicarse si se acredita que no comprendían el hecho.
Cuando una persona es declarada inimputable, no recibe una sentencia de prisión, pero puede ser internada en instituciones psiquiátricas para recibir tratamiento. Además, se pueden ordenar medidas de reparación del daño, sin comprometer su libertad si no es procedente.
Salas pidió comprensión social hacia personas en situación de calle que puedan padecer trastornos mentales y, en caso de agresiones, permitir que sean evaluadas por expertos antes de ser juzgadas como responsables.
“No toda conducta agresiva implica intención delictiva. Hay que valorar si hubo capacidad de comprensión”, añadió.
Un llamado a la capacitación judicial y social
El especialista concluyó que jueces, ministerios públicos, abogados y sociedad en general deben estar informados sobre el concepto de inimputabilidad y sobre los protocolos vigentes para proteger los derechos de las personas con discapacidad dentro del sistema penal.
