La implementación gradual de la jornada de 40 horas en México cuenta con un blindaje jurídico que protege el ingreso de los trabajadores, impidiendo que la reducción de horas se traduzca en una disminución de percepciones económicas.

Ximena Ríos Antúnez, especialista en derecho laboral, aclaró que la reforma constitucional integra mecanismos específicos para evitar desinformación y abusos en la relación patrón-empleado.

Ríos Antúnez destacó que el resguardo del salario no es una interpretación, sino una disposición textual de la ley. “En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”, citó la especialista respecto al contenido del cuarto artículo transitorio de la reforma.

La experta señaló que, incluso si un trabajador aceptara voluntariamente un pago menor bajo el nuevo esquema, dicho acto no tendría efectos jurídicos. Al respecto, enfatizó que no puede existir una renuncia al salario que ya se tiene devengado debido al principio de irrenunciabilidad, lo que convierte en ilegal cualquier intento de ajuste a la baja.

Detalles legales

Sobre la validez de acuerdos que busquen reducir el sueldo, la especialista fue contundente: “Ese papelito sería, aun cuando lo firmaras y lo huellaras, un papel que no tendría ninguna validez legal”.

Esta protección aplica debido a que el salario suele estar establecido por día, semana o mes en los contratos individuales, independientemente de la jornada máxima que dicte la ley.