Extraditan a Arizona a El Soldado, operador del Cártel de Sinaloa en Nogales

Jorge Damián Román Figueroa fue entregado a Estados Unidos como parte del operativo binacional que incluyó a 37 presuntos líderes criminales.

Autoridades federales confirmaron la extradición a Arizona de Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, quien forma parte del grupo de 37 presuntos líderes criminales entregados recientemente por México a Estados Unidos. Este traslado es el resultado de un operativo coordinado de alto nivel entre ambos países, diseñado para desarticular las estructuras jerárquicas de las organizaciones que impactan la seguridad binacional.

De acuerdo con los reportes oficiales, el centro de las actividades delictivas de Román Figueroa se concentraba estratégicamente en la frontera de Nogales y la región norte de Sonora. Las investigaciones estadounidenses subrayan que su control en esta zona era fundamental para la logística del grupo, aprovechando la ubicación geográfica de Nogales como un punto crítico para el trasiego y la operatividad de la organización en ambos lados de la línea internacional.

Las indagatorias vinculan de manera preliminar a "El Soldado" con la estructura del Cártel de Sinaloa, específicamente bajo el mando de Sergio Valenzuela, alias “El Gigio”. Según las autoridades, este brazo operativo respondía a la facción encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada, consolidando a Nogales y sus alrededores como un bastión clave para el despliegue de poder de dicho grupo criminal en la zona fronteriza.

Además de su rol en la jerarquía mayor, se le señala como el presunto fundador y principal operador de la célula conocida como “Los Malas Mañas”. Esta organización local ha estado bajo el microscopio de la justicia federal debido a su influencia directa en la violencia y las actividades ilícitas registradas en la región de Sonora, operando como un brazo ejecutor con fuerte arraigo en la franja fronteriza.

Tras su arribo a territorio estadounidense, el extraditado quedó a disposición de las cortes federales en Arizona, donde iniciará su proceso legal bajo el estricto principio de presunción de inocencia. El Departamento de Justicia ha advertido que, de confirmarse su responsabilidad en los cargos imputados, el procesado podría enfrentar las penas máximas establecidas por la ley penal de los Estados Unidos.