Cambian medida cautelar a exfuncionario acusado de peculado en Sonora

José Víctor 'N', acusado de desviar recursos en la SEC, seguirá proceso en casa

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) informó este martes 17 de marzo de 2026 sobre un cambio en la situación jurídica de José Víctor 'N', exfuncionario estatal acusado de peculado.

Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, un juez concedió al imputado el resguardo domiciliario, en sustitución de la prisión preventiva justificada que mantenía desde agosto de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución se dio tras valorar dictámenes en psicología y criminología, así como la conclusión del plazo de investigación complementaria, lo que llevó al juez a determinar que ya no existe riesgo de obstaculización del proceso.

A pesar de la modificación, la Fiscalía Anticorrupción subrayó que José Víctor 'N' continuará sujeto a proceso penal por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, relacionados con la presunta desviación de recursos públicos entre 2018 y 2021 mediante la contratación de un esquema de beneficios con una empresa privada.

La dependencia estatal también anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la decisión judicial.

Contexto del caso

El 29 de agosto de 2025, José Víctor 'N' y Francisco Alberto 'N', ambos exservidores públicos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), fueron imputados por la Fiscalía por su probable responsabilidad en el desvío de recursos públicos.

En esa fecha, un juez les impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar el riesgo de evasión de la justicia y el monto involucrado.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2025, la Fiscalía estatal reiteró que contaba con pruebas suficientes para buscar la vinculación a proceso de ambos imputados, en un caso que involucra recursos calificados como "cuantiosos".

Según autoridades, los delitos de peculado pueden alcanzar penas de hasta 12 años de prisión, mientras que el incumplimiento de un deber legal contempla sanciones de hasta 8 años.