Sanciones de tres a ocho años de prisión y multas de hasta mil unidades de medida y actualización (UMA) se aplicarán a quienes manipulen, engañen o despojen a adultos mayores de sus apoyos económicos de programas sociales.

La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sonora propone tipificar estas conductas como robo equiparado, específicamente mediante la adición del artículo 300 bis (o 303 bis). Esta medida surge ante la detección de un patrón recurrente de abuso económico donde beneficiarios de programas como la pensión del bienestar pierden su ingreso a manos de terceros, principalmente en el entorno familiar.

La propuesta legislativa establece que la pena se incrementará cuando el responsable del robo sea un familiar directo o un funcionario público. El marco legal busca proteger el ingreso destinado exclusivamente a cubrir gastos básicos de salud, alimentación y medicinas de las personas mayores de 60 años. Según los fundamentos de la iniciativa, el recurso no debe ser asimilado como un gasto familiar común, sino como un soporte vital para la vejez digna de los beneficiarios.

Mecanismos de denuncia

Cualquier persona que presencie el abuso, ya sea un vecino o un familiar, podrá interponer la denuncia correspondiente para activar el proceso de investigación. Aunque el afectado es el denunciante principal, la ley permitirá que terceros alerten a las autoridades ante situaciones de manipulación o engaño. Además de las penas de cárcel y las multas económicas, la reforma contempla la reparación del daño como un requisito obligatorio, asegurando que el adulto mayor recupere el recurso que le fue arrebatado.

Actualmente, se analiza la posibilidad de incluir la figura de la denuncia anónima dentro de la iniciativa. Este ajuste responde a que muchas víctimas toleran el despojo por temor o por tratarse de familiares cercanos como hijos o cónyuges. La implementación de un canal anónimo brindaría una herramienta de protección adicional para el entorno social de la víctima, permitiendo que la justicia actúe sin exponer directamente al denunciante en conflictos intrafamiliares.

Los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable debido al deterioro biológico, la exclusión social y la dependencia de terceros. El Código Penal de Sonora no contaba con una tipificación específica para el robo de recursos de programas sociales mediante el uso de tarjetas bancarias o NIP bajo presión. Con esta reforma, se busca concientizar a la sociedad sobre la importancia de respetar la autonomía económica de los ancianos y castigar con firmeza a quienes abusen de su confianza.

La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su dictaminación. El proceso legislativo incluye una etapa de socialización y debate donde se espera enriquecer la propuesta antes de llevarla al pleno para su aprobación definitiva.

De ser aprobada, Sonora se posicionaría como un referente en la protección legal de los recursos federales y estatales destinados a la población de la tercera edad, castigando directamente el uso indebido de las herramientas financieras otorgadas por el Estado.