El abogado Antonio Romero Peñuñuri, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, advirtió que las modificaciones al juicio de amparo endurecen requisitos y pueden limitar la protección de derechos, al imponer mayores cargas para conceder la suspensión y redefinir el interés legítimo en términos que, a su juicio, podrían cerrar la puerta a colectivos y personas. Señaló que esto es regresivo frente al principio constitucional de progresividad.

De acuerdo con el especialista, el artículo 5 de la Ley de Amparo —en la propuesta discutida— incorpora una definición “más cercana” a criterios de la Corte sobre interés legítimo, pero su aterrizaje en juzgados “podría exigir más requisitos” y acotar la procedencia del amparo.

En materia de suspensión, explicó que se pide acreditar, aunque sea de forma indicial, un interés sustancial y un principio de agravio del acto reclamado, lo que complica la medida cautelar que mantiene las cosas en el estado que guardan mientras se resuelve el juicio.

Sobre los casos financieros, apuntó que en temas de recursos de procedencia ilícita no habría suspensión provisional y solo podría otorgarse la definitiva si el juez estima demostrada la licitud de los recursos.

Ese lapso, dijo, puede derivar en congelamiento de cuentas o aseguramientos que pongan en riesgo la operación de empresas y el empleo, incluso cuando existan “excesos” de autoridad.

Procedimientos en trámite 

Romero Peñuñuri también cuestionó un transitorio que prevé aplicar la reforma a procedimientos en trámite, lo que —sostuvo— contraviene el principio de no retroactividad. Indicó que, aunque se habló de corregirlo mediante fe de erratas, “técnicamente no se podría” si el dictamen ya fue aprobado en el Senado y aún no es reenviado para ajustes.

El abogado consideró que la narrativa oficial que plantea acotar abusos de “potentados” no corresponde con los motivos reales ni con la práctica: “Lo que se evidencia no es un uso excesivo del amparo, sino un uso incorrecto de atribuciones por parte de autoridades” —dijo al aludir congelamientos bancarios revertidos por la vía judicial—.

Añadió que el endurecimiento de la suspensión “limita en forma importante la forma de protegerte” y podría acarrear responsabilidades internacionales.

En paralelo, criticó señales de nepotismo en la Suprema Corte bajo el nuevo diseño del Poder Judicial, al señalar el ingreso de familiares y allegados de actores políticos: “No se establecieron mecanismos reales para impedirlo”. Afirmó que el camino debió ser fortalecer la preparación y evaluación de las personas juzgadoras, sin someter el proceso a la lógica política.