Vinculan a cinco hombres por despojo de terrenos del Gobierno de Sonora en San Carlos

Cinco hombres fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de despojo de terrenos propiedad del Gobierno de Sonora, ubicados en San Carlos, municipio de Guaymas, cuyo valor asciende a cientos de millones de pesos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que un juez determinó imponerles prisión preventiva justificada a José Guadalupe “N”, Gabriel Francisco “N”, Jesús Armando “N”, Juan de Dios “N” y Héctor Alonso “N” como medida cautelar, después de que el Ministerio Público formuló la imputación y expuso los datos de prueba.

De acuerdo con la investigación presentada ante la autoridad judicial, los cinco hombres habrían ocupado diversas fracciones de tres polígonos propiedad del Gobierno estatal, ubicados al norte del bulevar Tetakawi, sin contar con autorización o algún derecho que justificara su posesión.

La Fiscalía señaló que estas acciones habrían afectado la disponibilidad de los inmuebles, cuya propiedad y posesión corresponden al Gobierno de Sonora, a través de Bienes y Concesiones.

Desmiente "detención arbitraria" de persona con autismo

Ante publicaciones en redes sociales que cuestionan la actuación de las autoridades y presentan el caso como una supuesta detención arbitraria, la FGJES indicó que la detención de Héctor Alonso “N” se derivó de una orden de aprehensión judicial por hechos investigados como presunto despojo.

Respecto a las versiones que señalan que el imputado tiene autismo, la Fiscalía sostuvo que, según la información disponible de la audiencia, esa condición no fue manifestada por él ni por su defensa durante la diligencia, y que una publicación en redes sociales no es suficiente para dar por acreditada una condición médica.

Sin embargo, precisó que, si se acredita legal y médicamente que alguno de los imputados presenta una condición del espectro autista, las autoridades deberán considerar las circunstancias particulares del caso y garantizar los apoyos y ajustes que correspondan. La Fiscalía agregó que esta condición no implica, por sí misma, una exención automática de responsabilidad penal.

La FGJES reiteró que continuará con las acciones dirigidas a proteger los bienes públicos y hacer cumplir la ley, con respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.

Asimismo, señaló que, si las personas relacionadas con la ocupación de los terrenos pertenecen a grupos que enfrentan precariedad y necesidades de vivienda, el Gobierno estatal buscaría atender esa problemática. No obstante, sostuvo que esa situación no justificaría la apropiación de terrenos que forman parte del patrimonio estratégico de Sonora.

La vinculación a proceso implica que la investigación penal continuará, pero no constituye una sentencia condenatoria contra los cinco imputados.