Caso Ruffo con música de acordeones

El juez de Distrito y sólida carrera judicial Mario Elizondo Martínez, especializado en Sistema Penal Acusatorio, negó el 22 de junio reciente las 23 órdenes de aprehensión que le solicitó la Fiscalía General de la República en contra de presuntos implicados en el contrabando de combustible.

Tres semanas después (13 de julio), la FGR volvió a pedir las mismas órdenes y agregó dos nuevos imputados. Uno es Ernesto Ruffo Appel, a quien acusó de comandar una organización de huachicol fiscal.

La segunda solicitud no fue ante el mismo juez, sino ante Alejandra Ramírez de la Vega, una “jueza del bienestar” -electa en el marranero de los acordeones-, quien ordenó en seguida las capturas.

“Hace muchísimos años cuando era pasante, esta era una ‘manera lógica’ de hacer las cosas; hace décadas, décadas y décadas. Hoy vuelven a aparecer estas inercias, donde no se tiene la percepción de la total independencia de la autoridad judicial o de una equidad o independencia de la Fiscalía para hacer sus acusaciones”, lamentó ayer con Ciro Gómez Leyva el irreprochable abogado Fernando Gómez-Mont.

El caso Ruffo nada tiene que ver con el de los 37 buques cisterna, cuando menos, descubiertos en marzo de 2025 en los puertos de Ensenada, Baja California y Altamira, Tamaulipas, en que como los cabecillas de una enorme organización criminal se acusa a los hermanos Farías Laguna (vicealmirante y contralmirante, exsobrinos políticos del secretario de Marina de AMLO, José Rafael Ojeda Durán) sino con los 120 carrotanques asegurados el 7 de julio (también el año pasado) en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.

Aquel descomunal contrabando por mar se estima en 120 mil millones de litros y la evasión de impuestos en 600 mil millones de pesos, en tanto que el ingresado por ferrocarril es de unos 15 millones de litros y una defraudación de algo más de cuatro mil millones de pesos.

Pudiendo vivir en Estados Unidos porque nació en San Diego y tiene la doble nacionalidad, Ruffo fue detenido en su clasemediera casa de Tijuana; sus captores lo exhibieron de manera humillante, como si se tratara de un peligroso delincuente que se les pudiera fugar.

El 19 de diciembre declaró como testigo ante la FGR y demostró ser ajeno a cualquier actividad criminal.

Súbito representante legal del histórico panista bajacaliforniano, Gómez-Mont resume la persecución del obradorato para distraer la atención del escándalo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y varios otros machuchones del lópezobradorismo señalados de participar en actos de la delincuencia organizada.

Ruffo es accionista minoritario de la empresa Ingemar, con permiso para tramitar la importación de combustible. Como cliente, contrató a la regiomontana Transportadora Kevinson, SA de CV, con la que no tenía una relación previa y que según la FGR esta empresa introdujo esos 15 millones de litros de combustible sin autorización. “Ruffo es un tercero, es un cliente, nada tiene que ver con el transporte y la comercialización…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com