Con la ley espía se llevan la libertad

El oficialismo en San Lázaro marcó ayer un peligroso parteaguas en la historia democrática de México:

Sin consultas ni dictámenes técnicos, en fast track y en el contexto de una Suprema Corte debilitada por la política sectaria, con el pretexto de “la seguridad” y porque sus gobiernos han sido incapaces de garantizarla, Morena y sus compinches aprobaron una Ley de Inteligencia que institucionaliza el espionaje civil sin controles judiciales.

Lo que nació para dizque “prevenir delitos” se volvió una amenaza real contra los derechos humanos básicos: se concede a la Secretaría federal de Seguridad y a la Guardia Nacional un poder sin precedente: acceder a datos personales, biométricos, bancarios, de salud, telefónicos y académicos de cualquier persona, sin necesidad de orden judicial, sin notificación previa o posterior y sin posibilidad de impugnación o defensa.

Con la falsa coartada, cualquier institución pública o privada —bancos, hospitales, universidades, empresas de telecomunicaciones— estará legalmente obligada a entregar lo que la chota solicite, y quien se niegue a cooperar incurrirá en responsabilidad penal o administrativa.

El nuevo engendro viola frontalmente derechos constitucionales y tratados internacionales, entre otros el de privacidad (toda intromisión a la vida privada debiera contar con motivación legal y autorización judicial); el debido proceso (no hay recursos legales para impugnar el espionaje discrecional del gobierno); la presunción de inocencia y el de protección de datos personales, sin un organismo autónomo que supervise su uso.

Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que este tipo de leyes configuran escenarios de vigilancia masiva incompatibles con una sociedad democrática (el principio rector del Estado de Derecho es que el poder público debe ser limitado con normas, instituciones y controles), pero lo aprobado ayer lo revierte al colocar al ciudadano bajo sospecha continua, porque puede ser vigilado sin causa, sin control y sin defensa.

Vaya cambio nacionalpopulista de paradigma: del Estado garante de derechos al Estado fiscalizador; del equilibrio democrático al control autoritario; de la seguridad ciudadana a la vigilancia sin freno.

Se explica mejor que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fuera primero eliminado (y sin un órgano autónomo que supervise el manejo de la información personal, el camino quedó libre para legalizar la intrusión estatal).

Cuando el poder se ejerce sin límites, sin transparencia y sin control, lo que fortalece es la

arbitrariedad.

Esta marranada legislativa se suma a la destrucción y el apoderamiento del Poder Judicial, concentra más aún la supremacía del Ejecutivo y suprime lo que resta de los contrapesos.

Desde la transición democrática en 2000, México vive hoy el retroceso más severo en materia de derechos civiles. Nadie está a salvo, todos estamos bajo vigilancia, nos arrebatan la libertad…