Bartolización de la democracia

Una palabra que no aparece en el discurso oficial de la reforma político-electoral, pero la atraviesa de principio a fin es empobrecimiento, adelgazar hasta la anemia a las autoridades electorales y los partidos, como si la democracia fuera un gasto suntuario y no una inversión en estabilidad y gobernabilidad.

La iniciativa presidencial parte de una premisa mezquina, simplona y peligrosa: que las autoridades electorales sólo trabajan en época de elecciones, como si el Instituto Nacional Electoral hibernara tres años y despertara bostezando para organizar comicios.

Pero el INE no es una impresora de boletas ni una firma de espectáculos contratable por evento. Es un aparato técnico permanente que actualiza el padrón de más de 100 mil votantes, credencializa, fiscaliza ingresos y gastos de partidos, monitorea radio y televisión, capacita ciudadanos, administra tiempos oficiales, organiza consultas, verifica afiliaciones, resuelve quejas y sostiene una arquitectura territorial hasta rincones donde el Estado suele es más frágil.

Una red así no se improvisa ni se enciende con un interruptor.

Reducirle presupuesto y “adelgazar” sus órganos desconcentrados no es hacerla más eficiente sino más vulnerable, y esa vulnerabilidad se llama dinero sucio.

Cuando a los partidos se les disminuye su financiamiento público no desaparece el dinero, sólo cambia de origen.

Donde el financiamiento legal se restringe sin fortalecer la fiscalización, el vacío lo ocupan intereses privados opacos y grupos criminales con liquidez y apetito de dominio.

El financiamiento público no es un premio a la partidocracia, es un dique; un mal necesario para que la competencia no dependa de quién consigue más bolsas o maletines con dinero. Al reducirlo sin blindajes efectivos, se empuja a las campañas hacia el financiamiento paralelo, la “contabilidad creativa” y la captura territorial por grupos delincuenciales.

Si además se debilita la capacidad fiscalizadora del INE -menos personal, menos presencia territorial, menos herramientas tecnológicas-, el mensaje es devastador: menos ojos vigilando, menos auditorías en tiempo real, menos capacidad para cruzar datos bancarios, contratos, proveedores, propaganda digital, etcétera.

Se esgrime la palabra ahorro y que “la democracia es cara”, cuando lo caro es una democracia capturada.

Pensada así, la reforma precariza la democracia y la vuelve terreno fértil para el dinero ilícito, la presión criminal y la erosión de los contrapesos.

Hay además una falacia estructural: hacer creer que la autoridad electoral sólo sirve para el día de la elección.

Sin embargo, la integridad electoral se construye todos los días en la actualización del padrón, en la depuración de listas nominales, en la verificación de afiliaciones, en la fiscalización permanente, en la capacitación ciudadana.

Bartolizar y chatarrizar esa maquinaria porque “no siempre hay elecciones” es tan idiota que equivale a despedir bomberos porque no todos los días hay incendios...

Carlos Marín

cmarin@milenio.com