Caos calculado

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, detonó una ola de violencia inmediata. No fue una reacción espontánea ni desordenada. Respondió a una lógica estratégica diseñada para el corto plazo.

Se registraron narcobloqueos en carreteras federales y estatales, quema de vehículos, enfrentamientos contra fuerzas de seguridad, ataques a comercios y disrupciones en zonas urbanas clave. Las acciones se desplegaron de forma simultánea en varios estados. Jalisco fue el epicentro, pero los efectos alcanzaron Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Zacatecas y Tamaulipas, entre otros. La coordinación evidencia que el CJNG mantiene una red de células regionales con capacidad de movilización descentralizada, aunque aún alineada bajo una estructura común.

El primer objetivo fue demostrar resiliencia y cohesión operativa. Tras la pérdida de su fundador, la organización necesitaba enviar un mensaje interno y externo: la estructura sigue funcionando. Esta exhibición de fuerza busca inhibir disputas internas, evitar deserciones y disuadir a grupos rivales de intentar avances territoriales inmediatos. La percepción de fortaleza es crucial para preservar disciplina, lealtad y control.

El segundo propósito fue saturar la capacidad de respuesta del Estado. Al generar decenas de eventos violentos en pocas horas, obligó al Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales a dispersar recursos en amplias zonas. Esa dispersión crea vacíos temporales que pueden facilitar el resguardo o traslado de mandos, cargamentos, dinero o armamento. También otorga tiempo para reorganizar la cadena de mando y estabilizar el liderazgo tras la caída del jefe máximo.

En tercer lugar, la violencia tuvo un componente de presión política y social. El cierre de vías estratégicas afectó el transporte de mercancías, el turismo y el comercio local. El impacto mediático fue inmediato. El mensaje implícito es claro: un golpe al liderazgo criminal genera costos visibles para la población. En escenarios de alta tensión, este tipo de presión ha buscado provocar ajustes operativos, pausas tácticas o, al menos, cautela en las siguientes acciones gubernamentales.

Además, la reacción funciona como una prueba interna de poder. La ausencia del “Mencho” abre una disputa potencial por la sucesión. Coordinar y sostener una ofensiva de esta magnitud fortalece a la facción que la encabece. Quien logre imponer orden y capacidad operativa gana legitimidad y reduce el riesgo de fragmentación inmediata.

Esta estrategia también implica riesgos. Consume recursos, desgasta logística y expone comunicaciones a labores de inteligencia. Sin embargo, su racionalidad es evidente: preservar la imagen de invulnerabilidad, ganar tiempo y demostrar capacidad de daño.

La caída del “Mencho” representa un hecho histórico en la lucha contra el crimen organizado. El resultado final dependerá de la capacidad del Estado para sostener la presión, impedir una recomposición violenta y evitar que la organización se fragmente en múltiples células más pequeñas e impredecibles.