Nuevo Poder Judicial

A partir del 1 de septiembre de 2025, México estrenó un nuevo Poder Judicial. Ese día entraron en funciones los primeros 881 jueces, magistrados y ministras(os) electos por voto popular, una reforma inédita que promete mayor cercanía con la ciudadanía. Se trata del arranque práctico de la criticada reforma constitucional publicada en septiembre de 2024, cuya primera elección organizó el INE en junio de este año. La segunda fase de este proceso ocurrirá en 2027.

Los cambios son sustanciales. A partir de ahora, la legitimidad del Poder Judicial se ancla en el voto directo. Además, desapareció el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar nacen dos órganos especializados: el Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión de recursos, y el Tribunal de Disciplina Judicial, que vigilará las faltas administrativas y aplicará sanciones. Con ello se busca separar funciones y evitar conflictos de interés.

La ciudadanía puede aspirar a una justicia más legítima y cercana, supuestamente porque sus integrantes tienen un mandato directo. También se abre la posibilidad de contar con un sistema disciplinario más claro y transparente, y con una administración mejor organizada que permita reducir rezagos históricos en la impartición de justicia.

El primero es asegurar la independencia real de los jueces frente a presiones políticas y partidistas. La elección popular da legitimidad, pero también obliga a crear cortafuegos y reglas claras de carrera judicial. El segundo reto es la capacidad operativa: sin gestión moderna, expedientes digitales y estándares de servicio, el riesgo de rezago permanece. El tercero es la confianza ciudadana, que solo se consolidará cuando se traduzca en mejores tiempos de resolución, trato digno y sentencias de calidad.

La reforma debe evaluarse con datos verificables. Para ello es posible plantear un “tablero de control ciudadano” con indicadores trimestrales:

- Acceso y oportunidad: tiempo promedio de sentencia, reducción de rezagos y rapidez en amparos urgentes.

- Integridad y disciplina: número y tipo de sanciones aplicadas, recusaciones por conflicto de interés y publicación de declaraciones patrimoniales.

- Transparencia y desempeño: porcentaje de sentencias publicadas en versión pública, calidad procesal medida por resoluciones revocadas, y resultados de auditorías al Órgano de Administración.

- Legitimidad y servicio: encuestas de confianza específicas al PJF, atención a víctimas y grupos vulnerables, y equilibrio en la carga de trabajo por juzgador.

La reforma judicial no puede evaluarse con discursos, sino con resultados medibles. Cada trimestre la ciudadanía debe exigir y comparar datos, y difundirlos con transparencia. La confianza en la justicia no se decreta: se gana cuando resuelve mejor, más rápido y con independencia.

México abre una etapa inédita. Hoy el trato es claro: más cercanía a cambio de más resultados. Si el nuevo Poder Judicial cumple con este pacto, tendremos una justicia más útil, más confiable y más nuestra.