Corresponsabilidad en seguridad

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el acuerdo con Estados Unidos para rastrear armas ilegales marca un cambio en la cooperación bilateral. Por primera vez, Washington reconoce de manera explícita que el tráfico de armas hacia México no es un asunto exclusivamente mexicano, sino un problema compartido que debe atenderse desde ambos lados de la frontera.

Durante años, la narrativa se había centrado en exigir a México operativos antidrogas, mientras se minimizaba el flujo de armas que dota de poder de fuego al crimen organizado. Hoy, con este acuerdo, Estados Unidos se compromete a fortalecer sus propios operativos, rastrear las armas incautadas en México hasta las armerías que las comercializan y sancionar a los responsables.

Informes de Estados Unidos y medios especializados (con base en datos de agencias como Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) apuntan a que cerca del 74% de las armas incautadas en México provienen del país vecino del norte, según datos recientes del Departamento de Justicia. Se afirma también que unas 200 mil armas se trafican ilegalmente cada año desde los Estados Unidos hacia México, cifra que ha sido citada por el gobierno mexicano y observadores del fenómeno.

Cuando más de siete de cada diez armas recuperadas muestran origen estadounidense, el argumento de que el problema es solo doméstico queda invalidado. Porque esas armas no aparecen por generación espontánea en territorio mexicano: cruzan fronteras, pasan por intermediarios y terminan en manos de grupos con capacidad de fuego. Además, los datos del propio gobierno mexicano ante instancias judiciales internacionales han usado esas cifras como “pruebas contundentes” para responsabilizar a fabricantes y distribuidoras en Estados Unidos de prácticas negligentes que permiten el desvío.

Pero las estadísticas por sí solas no bastan: lo que importa es cómo esas armas alimentan homicidios, enfrentamientos, terror cotidiano. En 2024, el promedio diario de homicidios fue de 90 asesinatos al día. Muchos de esos crímenes ocurren con armas de fuego; el acceso no regulado y el poder de fuego que adquieren los grupos delictivos agravan el nivel de violencia y dificultad de control.

En el plano operativo, el nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos entra en un contexto ya activo a través de la “Misión Cortafuegos”, una iniciativa binacional para frenar el tráfico de armas, con acciones como expandir el uso de herramientas de rastreo en los 32 estados mexicanos, intensificar investigaciones conjuntas, compartir inteligencia y reforzar inspecciones en territorio estadounidense. Esto significa que el reconocimiento simbólico de corresponsabilidad comienza a traducirse en compromisos operativos.

El valor del anuncio de Sheinbaum radica en que no llega tarde ni es puramente retórico: viene respaldado por datos actuales y por una situación en la que el flujo de armas sigue siendo masivo y violento. Cuando los gobiernos cruzan la frontera simbólica del discurso y aceptan que “el otro lado” debe actuar, se abre la posibilidad genuina de desactivar la cadena criminal.

Pero ese reconocimiento sólo se convertirá en un logro real si va acompañado de transparencia en el rastreo, sanción a los vendedores, coordinación institucional efectiva y evaluación constante de resultados.