Papa caliente para el régimen

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, lanzó una bomba de profundidad en México. Ayer sancionó a seis objetivos involucrados en el lavado de dinero y el contrabando de efectivo a través de una empresa operada por el Cártel del Noreste (CDN), que está designada como una organización terrorista internacional. El objetivo que más llamó la atención fue Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Laredo, enemigo declarado del Ejército, pero la persona de mayor riesgo para el régimen es otro de los sancionados, Juan Pablo Penilla.

Penilla es una puerta de entrada a las más altas esferas del régimen obradorista. Abogado, como su socio Sergio Ramírez, llamaron la atención del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una entrevista que le dieron en 2023 a Valores TV, de la revista Valores, que lleva tres lustros informando sobre el empresariado, donde afirmaban que no tenían ningún temor de reconocer que eran abogados del crimen organizado y narcotraficantes. Mientras eso sucedía, como suele suceder con la clase política y empresarial, a nadie le importó.

A Penilla y Ramírez menos, y publicaban en sus redes sociales fotografías con personajes del régimen: con la presidenta Claudia Sheinbaum, con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, con miembros del gabinete, legisladores, gobernadores y líderes de Morena. Las fotografías fueron rescatadas de las redes sociales y aquella entrevista resurgió de la videoteca, luego que Penilla apareció como representante legal de Ismael “Mayo” Zambada en una carta que envió al Consulado de México en Nueva York en febrero del año pasado, para solicitar asistencia en su proceso penal.

La investigación en Washington, que continúa, busca establecer el tipo de vínculos que tienen con políticos del régimen. Las fotografías, en ese contexto, abría varias interrogantes: ¿Prueba de que establecieron contacto con quienes les pidieron hablar sus clientes narcotraficantes? ¿Punto de partida para otro tipo de relación entre políticos y criminales? El fraseo en la entrevista colocó en una situación incómoda a quienes hoy están en el poder.

Ramírez no figura en la acusación del Departamento del Tesoro, pero a Penilla lo señalaron de servir de intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, preso en una cárcel en Virginia desde hace casi un año, y los actuales líderes del CDN, que surgió del cártel de Los Zetas. De acuerdo con la imputación, “las operaciones criminales de Miguel Treviño y el CDN, descansaban directamente sobre Penilla”. Es decir, gracias a él, Treviño mantenía el liderazgo desde una cárcel a tres mil 600 kilómetros de la Ciudad de México.

En este espacio se publicó en marzo del año pasado que según datos de inteligencia, Penilla y Ramírez tenían un vínculo especial con el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a través de Tamaulipas, quien los acercó con la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ha sido su protectora por años. En los primeros años del gobierno de López Obrador, Peralta sostuvo reuniones con los líderes de la Columna Armada Pedro J. Méndez, que eran parte del Cártel del Golfo, para sentarlos a negociar la “pacificación”, que era algo que Penilla y Ramírez tenían como agenda en el país.

Penilla, además, era “asesor honorífico” del gobernador Américo Villarreal, muy cercano a Peralta. Los dos aparecen en la investigación que realizó la Marina en México y la DEA sobre Sergio Carmona, llamado el “rey del huachicol”, que señala que con dinero criminal se financiaron ocho campañas para gobernador en 2021, cuando Mario Delgado era presidente de Morena.

El abogado y el activista Ramos fueron señalados por el Departamento del Tesoro de “haber sido parte, controlados, dirigidos o haber actuado directa o indirectamente en nombre del CDN”, como miembros de su estructura criminal. En el caso de Ramos, su relación con el CDN, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, se prolonga por una década, algo que desde finales del gobierno de Enrique Peña Nieto trascendió, pero no se actuó. Con López Obrador mucho menos. En su campaña presidencial, se publicó en este espacio, el entonces candidato tenía el paso libre en los retenes del crimen organizado en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las fotografías que subió Penilla a las redes sociales y la forma como aceptaban entrevistas de televisión y de prensa -hasta la carta de Zambada al consulado-, dejaron de manifiesto que pese a haber reconocido ser abogado de criminales, al igual de Ramírez, Morena los acogió en todos los niveles, los hizo suyos, los reconoció y los promovió, sin que les causara rubor alguno, llevándolos a la cima del poder para tener testigos gráficos de que ellos, que llevan los asuntos de algunos de los capos más poderosos del mundo, se codeaban de la Presidencia hacia abajo.

Es cierto que las fotografías en sí mismo no son prueba de que quienes aparecen en ellas tengan una relación criminal, pero muestran que tenían un acceso privilegiado a la élite política que les permitía estar cerca de Sheinbaum, de López Obrador y de la clase gobernante, codearse e interactuar con ellos. Figuras como Penilla fueron aceptadas, promovidas y legitimadas dentro del entorno político del régimen, pese a su perfil como defensores de narcotraficantes. Incluso, en julio de 2023 fue reconocido por la Cámara de Diputados como “Embajador por la Paz”, donde la mayoría de Morena lo distinguió por su “trayectoria profesional como abogado”.

Las sanciones de la OFAC son económicas y restringen el comercio con otros países, regímenes, terroristas, narcotraficantes y entidades o individuos en específico, con penalidades que van de multas a acusaciones penales. Las medidas tienen un alcance adicional al estar catalogado el CDN como una organización terrorista, donde Penilla, al ser parte orgánica del cártel, es considerado terrorista, que es un señalamiento que puede ser extendido en cualquier momento a quienes tuvieron o tienen algún tipo de relación con él.

La sanción que le hizo ayer el Departamento del Tesoro es una papa caliente para el régimen por la cercanía riesgosa entre la clase gobernante y política de Morena y miembros del crimen organizado. Las puertas para ellos, pese a las denuncias en los medios sobre sus vínculos, se mantuvieron abiertas, que sugiere fallas en los filtros de seguridad, pero sobre todo, indiferencia o complicidad al dejarlos subir libremente en la escalera del poder.

Raymundo Riva Palacio

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