Seguridad y lavado de dinero, el nuevo centro de la agenda bilateral

En el complejo entramado de la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, esta semana el gobierno mexicano entregó a 26 criminales de alto perfil vinculados al Cártel de Sinaloa, el CJNG y Los Zetas, varios de ellos relacionados con estructuras empresariales y acusados de lavado de dinero. Esto ocurre apenas seis meses después de una entrega similar de 29 líderes criminales en febrero pasado.

Coincidentemente, el dron estadounidense MQ-9B SkyGuardian sobrevoló durante casi dos horas la zona de Valle de Bravo y sus alrededores, en el Estado de México. Al respecto, el secretario Harfuch explicó que el ingreso de esta aeronave no tripulada al espacio aéreo mexicano se realizó con autorización y a petición del gobierno de México.

Si bien la entrega por vía rápida de criminales mexicanos -sin seguir el proceso formal de extradición- y el sobrevuelo de naves extranjeras en nuestro país son acciones que generan cierta inquietud, la respuesta clara y sin titubeo del gobierno mexicano en el sentido de que son iniciativas conjuntas que forman parte de una estrategia coordinada en materia de investigación y seguridad ofrece, al menos, una señal de control. La presidenta Sheinbaum aseguró que la decisión de enviar a los 26 delincuentes respondió a una medida soberana de seguridad nacional, pues continuaban delinquiendo desde prisión mediante amenazas y redes de corrupción, y no a una petición de Washington.

Entre los criminales entregados hay perfiles dedicados al lavado de dinero, como "Los Cuinis", con más de 100 empresas en sectores que van desde gasolineras hasta restaurantes, así como redes vinculadas al Cártel de Sinaloa y al CJNG en turismo, bienes raíces, minería y agricultura, lo que refleja la diversificación del crimen organizado para mover y blanquear capitales ilícitos. Estas estructuras no solo facilitan el flujo de dinero del narcotráfico, sino que también capturan contratos públicos, distorsionan mercados y afectan la economía formal, generando competencia desleal y debilitando el Estado de derecho. Se evidencia que el lavado dejó de ser una actividad marginal para convertirse en un eje central de la estrategia empresarial de los cárteles.

En este contexto, la decisión de Harfuch de nombrar a Omar Reyes como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apunta a un reforzamiento de la colaboración entre ambos países para atacar los flujos financieros del crimen organizado. Reyes, durante su toma de protesta, se comprometió a enfocar los esfuerzos en desmantelar redes de lavado y cortar la economía que sostiene a estas organizaciones.

Es notoria la mejoría en la relación de colaboración con EU desde que Harfuch asumió funciones, pero con Trump en el poder siempre hay riesgos. Hasta ahora, la estrategia dual de concesión tácita y advertencia implícita (como la orden ejecutiva de operativos contra cárteles latinoamericanos designados terroristas) ha resultado efectiva para ambos mandatarios, quienes han sabido mantener a nivel interno una imagen de fuerza sin exponerse a los costos políticos de una confrontación directa. Mientras Trump obtiene de México una mayor colaboración para la entrega de criminales, información e incluso libertad para realizar operaciones de inteligencia en nuestro territorio -cosa que antes solo sucedía de manera encubierta-, México ha logrado postergar la imposición de nuevos aranceles y sortear las crecientes presiones, evitando que estas sean percibidas a nivel interno como una violación a nuestra soberanía.

La posición de México es compleja: bajo la amenaza constante de nuevos aranceles, Estados Unidos avanza en una agenda de seguridad bilateral que favorece sus intereses. Se espera que esta mayor colaboración en seguridad y delitos financieros sea lo bastante efectiva para aplacar las amenazas y mantener la estabilidad.

Eunice Rendón

X: @EuniceRendon