La nacionalidad única y el falso dilema de la soberanía nacional

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la doble nacionalidad a presidentes y gobernadores. Ahora la reforma está en manos del Senado. La minuta ya fue aprobada en comisiones y el siguiente paso es que el Pleno la discuta y vote.

La propuesta surge en un momento particular de la relación bilateral con Estados Unidos, en el que la presidenta ha señalado en varias ocasiones que México está dispuesto a colaborar en materia de seguridad, pero sin subordinación y dentro del respeto a su soberanía. Así, la defensa de los intereses nacionales ha pasado a ocupar un lugar central en el discurso del gobierno actual.

En palabras de la mandataria, no se pueden tener dos banderas, ni dos juramentos cuando se ocupa el cargo más importante de representación del Estado o, en el caso de los gobernadores, la representación política de sus respectivas entidades.

En principio el argumento presidencial parece lógico. Pero tiene al menos dos debilidades.

La primera, que discrimina a los mexicanos que tienen más de una nacionalidad, ya sea porque nacieron en México de padres extranjeros, porque nacieron en otro país siendo hijos de mexicanos o porque adquirieron posteriormente otra nacionalidad, y que aspiran a ocupar un cargo de ese nivel.

Es un error pensar que la doble nacionalidad está definida por el juramento a un rey, o por tener dos banderas o dos himnos nacionales. Basta pensar en los mexicanos que conservan la nacionalidad de sus padres y abuelos. Para ellos, el valor de esa segunda nacionalidad pasa por el sentimiento de pertenencia familiar, por los vínculos con el pasado y con una identidad cultural y afectiva. La nacionalidad no es solamente un vínculo jurídico con un Estado, ni mucho menos una lealtad política incompatible con la función de gobernar.

Y ahí viene la segunda debilidad del argumento: asumir que una persona con doble nacionalidad tiene inclinaciones a defender los intereses de su otra ciudadanía y que por lo tanto representa un riesgo para la soberanía nacional, es como pensar que un gobernante que es solamente mexicano mantendrá una defensa firme e inquebrantable de los intereses nacionales y, por lo tanto, del pueblo de México.

Ojalá la lealtad a la patria pasara por la nacionalidad, tendríamos entonces un país con 130 millones de personas dispuestas a construir, y habría índices mucho más bajos de corrupción y de criminalidad. Pero no es así. Cuando nuestros gobernantes han atentado contra la soberanía de México no lo han hecho para favorecer a su segunda nacionalidad, sino por anteponer sus intereses personales, por afinidades políticas o por vínculos con poderes extranjeros, que muchas veces entran en tensión con los intereses nacionales.

México es un país de composición plural, en el que conviven distintas culturas, historias y orígenes. Por sólo mencionar algunos, la primera generación de mexicanos nacidos en familias migrantes, los mexicanos hijos y nietos de refugiados españoles, o de sudamericanos que obtuvieron asilo durante las dictaduras militares. Todos ellos mexicanos por nacimiento, con vínculos culturales e identitarios mixtos y no por ello menos mexicanos. ¿Por qué obligarlos a renunciar a una parte de lo que son o negarles el derecho a trabajar por su país desde las más altas esferas?

Más allá del debate, que está abierto, en lugar de fijar la atención en la doble nacionalidad de los gobernantes, deberíamos exigir salvaguardas para que una vez en el cargo nuestros representantes respondan al interés nacional y de los mexicanos. Esa es la verdadera defensa de la soberanía, nacional y popular. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos simplemente en la defensa del discurso soberanista.

Eunice Rendón

@EuniceRendon