AMLO envenenó a las Fuerzas Armadas

La crisis de imagen y credibilidad que hoy enfrenta la Secretaría de Marina, por haber anidado en su interior a una banda criminal que traficaba huachicol fiscal procedente de Estados Unidos, es el resultado de las políticas militaristas que instrumentó el presidente López Obrador, que convirtió a las Fuerzas Armadas mexicanas no sólo en receptores de grandes presupuestos financieros, los mayores que hayan tenido en la historia en época de paz, sino también en administradores y ejecutores de obras y programas públicos que se salen completamente de su naturaleza y función constitucional, y que, a fuerza de manejar tanto dinero, terminó corrompiendo y ensuciando a las instituciones castrenses.

Por más que hoy desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que se le reconoce el valor de investigar y perseguir a la red de marinos que se metieron al millonario negocio del tráfico de combustibles, también intenten minimizar la gravedad del problema, diciendo que sólo fueron unos cuántos marinos los que se corrompieron, pero que no alcanzó a las altas esferas de la institución, la realidad es que la operación que por varios años realizaron los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, no puede entenderse sin la complicidad y cobertura de las cúpulas navales y militares del sexenio lopezobradorista, en el que el huachicol que, según el discurso se había "erradicado", en realidad lo que se hizo fue "institucionalizarlo".

Es muy probable que el vicealmirante detenido y su hermano prófugo, el contralmirante, sólo sean las cabezas visibles de la red huachicolera que se formó dentro de la Secretaría de Marina, y que detrás de ellos hubiera autoridades de más alto rango que sabían de esa operación delincuencial y también se beneficiaban de ella. Porque si bien el golpe en contra de la red criminal decidió darlo el actual gobierno casi un año después de que inició esta administración, la realidad es que en el gobierno de López Obrador era un secreto a voces que mandos y oficiales de la Semar se habían involucrado en actividades ilícitas de tráfico de combustibles y también de contrabando y corrupción en las principales aduanas marítimas del país, entre ellas Tampico y Manzanillo, aunque no fueron las únicas.

Desde principios de 2023, el entonces director de las Aduanas federales, Rafael Marín Mollinedo, dio la voz de alerta al presidente López Obrador, sobre el involucramiento de altos mandos de la Marina en el contrabando y tráfico ilegal de sustancias ilícitas y de combustibles. Marín Mollinedo, quien actualmente ocupa de nuevo ese cargo, tuvo fricciones directas con los mandos de la Semar, especialmente con el entonces secretario Rafael Ojeda, porque le pidió remover a varios directivos de primer nivel en las aduanas del Puerto de Manzanillo, luego de detectar la fuerte corrupción que imperaba en el manejo de los contenedores que llegaban a dicho puerto, los cuales eran pasados con mercancía de contrabando y sustancias prohibidas, a cambio de millonarios pagos a los oficiales marinos.

La reacción del almirante Ojeda Durán, quien para entonces tenía una relación muy cercana y hasta ideológica con el presidente, no fue la más institucional y comenzaron entonces una serie de presiones y hasta amenazas en contra del director de las Aduanas, que escalaron con el asesinato del subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, el civil Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien acababa de ser reinstalado en ese cargo, luego de que Marín Mollinedo pidiera la remoción del capitán de Navío, Omar del Ángel Zúñiga, quien estaba participando de la corrupción aduanera que permitía incluso el tráfico ilegal de fentanilo. Al civil Sergio Emmanuel lo "levantaron" hombres armados en un restaurante de Manzanillo el 28 de mayo de 2023 y luego apareció su cuerpo sin vida, mientras que el capitán del Ángel Zúñiga murió "accidentalmente en una práctica de tiro real" en Puerto Peñasco el pasado 9 de septiembre, según la versión oficial de la Semar.

Tras la muerte de su colaborador, Marín Mollinedo fue a ver directamente al presidente López Obrador y le informó de lo que sucedía en las aduanas de Manzanillo y otras partes de la República y del involucramiento de oficiales y altos mandos de la Marina; incluso le habló de las amenazas que había recibido él y su familia, por lo que le pidió ser relevado de inmediato del cargo, a lo que accedió el mandatario, que lo sacó del cargo y lo mandó como embajador de México ante la OMC, aunque el presidente nunca ordenó investigar ni castigar a los integrantes de la Marina que habían sido acusados por su director de Aduanas.

Con todo y que el presidente ya sabía de la red de corrupción naval, ésta siguió operando impunemente durante el año y meses que le restaban a la administración lopezobadorista. Y no fue sino hasta que ya era presidenta electa, que la doctora Sheinbaum tuvo información detallada de la existencia de esa red de corrupción y de su forma de operar en varios de los puertos marítimos más importantes traficando huachicol y otras sustancias y mercancías de contrabando. Y lo supo porque justamente Sheinbaum mandó traer a Marín Mollinedo desde Ginebra, Suiza, donde está la sede de la OMC, donde aún despachaba como embajador, para que le explicara la problemática y la corrupción en las aduanas. El funcionario tabasqueño le dio detalles y evidencias a la mandataria electa y por eso fue que ella después lo invitaría a encabezar la Agencia Nacional de Aduanas, con el fin de acabar con las redes de corrupción aduanera y marítima, incluida la de la Marina.

Al secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, le llevó un año investigar y documentar cómo era que operaban los mandos de la Marina en la red de corrupción huachicolera, y una vez que tuvieron todas la evidencias, que conectaban con los sobrinos políticos de Ojeda Durán, decidieron esperar el "timing" político para proceder con las primeras detenciones, justo un día después del primer informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, cuando se detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y a 14 funcionarios y marinos más que participaban en la importación ilegal de combustibles procedentes de Estados Unidos que traían en buques de carga por la aduana del Puerto de Tampico.

Es decir, que López Obrador no sólo pervirtió y envenenó a las Fuerzas Armadas dándoles mayores presupuestos, armas y obras y contratos multimillonarios, además de entregarles funciones completas del gobierno civil, sino que el expresidente cuando supo, por boca de sus propios colaboradores de mayor confianza, que los militares, y particularmente los marinos se habían corrompido ante la danza millonaria de dinero en las Aduanas Marítimas que él les entregó, se hizo de la vista gorda y lejos de investigar y castigar la corrupción naval y militar, prefirió heredársela a su sucesora.

Por todo eso, el discurso que ayer pronunció el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, hay que leerlo con cuidado y entre líneas. Porque si bien el almirante se esfuerza por ser institucional y evita en todo momento aludir a su antecesor en el cargo, con quien tiene relación cercana, en sus palabras queda más que claro que la Marina aceptó y reconoció la existencia de una red de corrupción anidada en sus entrañas y que penetró a la institución: "Jamás fue para nosotros opción el disimulo; porque el silencio no nos define; la verdad, en cambio nos fortalece… Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más, y absolutamente imperdonable, callarlo… Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad, que pusimos ante la ley y ante el escrutinio de los mexicanos, actos reprobables que no nos definen", dijo el actual titular de la Semar en lo que claramente es un deslinde de la corrupción criminal que se infiltró en la Marina durante el pasado sexenio. ¿Y aún así insisten en que el exsecretario no tuvo nada que ver?… Se detienen los dados. Segunda Escalera de la semana.