La lista de los sapos

"La lista de los sapos", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Como quien ve venir un huracán que golpeará con fuerza e intenta ponerse a salvo, la lista de políticos mexicanos que se están acercando al Gobierno de los Estados Unidos para declarar voluntariamente y ofrecer información sobre tramas de corrupción, narcotráfico y huachicol fiscal en el gobierno de López Obrador crece cada día más.

La mayoría pertenece al oficialismo, aunque también los hay de la oposición, y se trata de políticos de alto nivel como gobernadores, congresistas y dirigentes partidistas que decidieron hablar y colaborar con el vecino país. Ya sea porque se enteraron de que son investigados por el gobierno de Donald Trump o porque recibieron una "invitación" de la Embajada estadounidense en nuestro país para que cooperen con el Departamento de Justicia. Cada uno de ellos está entregando información a cambio de recibir un trato especial o una negociación en la ofensiva que viene desde Washington en temas como la narcopolítica y el huachicol fiscal.

Y aunque ninguno lo va a aceptar públicamente y la presidenta Sheinbaum niega que esté habiendo traiciones o delaciones desde su movimiento político, la realidad es que la lista de al menos 10 políticos mexicanos que mencionó el fin de semana el diario The New York Times se queda corta en cuanto a la cantidad de personajes de la política nacional que ya están haciendo contacto con autoridades estadounidenses, de acuerdo con fuentes del país vecino.

Del Partido Verde, por ejemplo, a pesar de ser aliados con Morena están hablando con los estadounidenses el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, quien contrató los servicios del polémico consultor Roger Stone, conocido por su cercanía con Donald Trump y por dedicarse a negociar indultos y beneficios para personajes acusados de cargos criminales. Junto con la firma de Stone, el Gobierno de San Luis también contrató los servicios de la consultora conservadora Diana London, de la firma Ford & London Global Strategies LLC, por los cuales habría pagado 375 mil dólares a cada una de las consultoras, según el diario Reforma.

Aunque el gobernador Gallardo Carmona reconoció los contratos de su gobierno, negó que sean para buscar "inmunidad" o negociar con el Gobierno estadounidense y dijo que la Secretaría de Economía del estado, que aparece como contratante con ambas consultoras estadounidenses, lo hizo para "atraer inversiones al estado".

Pero Gallardo no es el único que ha establecido contacto con el Gobierno estadounidense. El dirigente nacional del PVEM, Jorge Emilio González, también está dialogando con autoridades de aquel país, que lo buscaron para alertarlo sobre su alianza con Morena. Tanto el llamado "Niño Verde" como Gallardo Carmona tienen propiedades e inversiones en Estados Unidos, y ante el amago de investigarlos y cancelarles la visa, estarían buscando colaborar con el gobierno de Trump y habrían ofrecido incluso deslindarse del morenismo llegado el momento.

Políticos morenistas de Tamaulipas también han empezado a dialogar con agencias y dependencias estadounidenses. El senador morenista José Ramón Gómez Leal y el alcalde de una ciudad fronteriza están dando información sobre la red de huachicol de Sergio Carmona, a quien conocieron en vida. El senador JR, como lo apodan en su estado, ofreció contar todo lo que sabía sobre la relación y el financiamiento de Carmona a las campañas morenistas a cambio de recibir no sólo inmunidad, sino también apoyo estadounidense para convertirse en gobernador de Tamaulipas, algo que desde el vecino país le negaron porque le dijeron que ellos no se metían en temas electorales.

También están entre los informantes los hermanos Cantú Rosas, de Nuevo Laredo, quienes viven del lado estadounidense desde hace tiempo, a pesar de que desempeñan cargos públicos y políticos del lado mexicano.

En el caso del gobernador Américo Villarreal, quien ha negado reiteradamente estar en tratos con Estados Unidos, una fuente estadounidense asegura que sí fue buscado por agencias de aquel país que le informaron que tenía abiertos expedientes y le ofrecieron colaborar, pero él decidió consultarlo con su familia y al final respondió a los estadounidenses que no aceptaba dar información.

En Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo ha sido señalado por medios estadounidenses tanto como investigado por temas de narcotráfico como por ser presunto colaborador del gobierno trumpista, la semana se anunció la creación de una nueva policía estatal fronteriza denominada División de Operaciones Fronterizas o DOF, que sería una especie de "patrulla fronteriza" de carácter estatal, para vigilar la frontera común entre la entidad sonorense y el estado de Arizona. Aun cuando la vigilancia fronteriza es una función federal, parece que el gobierno del morenista Durazo, quien niega ser investigado o colaborador con Estados Unidos, ya aceptó colaborar y coordinarse también con el gobierno de Donald Trump como lo están haciendo también otros estados fronterizos de México.

A la lista de informantes se habrían sumado también el senador Adán Augusto López y su cuñado, el cónsul mexicano en Miami, Rutilio Escandón, ambos bajo investigación estadounidense y quienes son dos de los personajes más cercanos al expresidente López Obrador, pertenecientes al poderoso "Grupo Tabasco". Según el periodista Raymundo Riva Palacio, tanto Adán Augusto como su cuñado Rutilio, cada uno por su lado, buscaron a las autoridades estadounidenses en busca de un trato especial por las acusaciones que pesan en contra de los dos por el tema del huachicol fiscal, en el caso del senador, y por vínculos con el CJNG en el caso del actual cónsul y exgobernador de Chiapas.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, es otra de las que ya ha solicitado dialogar con autoridades estadounidenses a través de una firma de abogados de Miami que la está representando y asesorando en sus reuniones con agencias del vecino país, de acuerdo con el audio de la llamada telefónica que dio a conocer el periodista Héctor de Mauleón.

A todos los actuales gobernadores de Morena, cuyas campañas fueron financiadas en su momento con dinero del Rey de Huachicol, Sergio Carmona, los han estado buscando desde la Embajada de Estados Unidos para ofrecerles que se acerquen a dar información y, cuando se niegan, los comienzan a presionar con datos e informes de cuánto dinero recibieron para sus campañas por parte de Carmona, y ante la información que les presentan varios han comenzado a hablar con los enviados de Washington, entre ellos se encuentra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y otros más.

Además de los morenistas, también hay personajes de la oposición que desde hace más de un año, se convirtieron en informantes del Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio. Es el caso del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha estado en varias ocasiones en Washington para entregar expedientes con información que involucra a figuras de Morena y del obradorismo en redes de corrupción, narcopolítica y huachicol.

Así que, en previsión de que no los arrase el huracán estadounidense, son cada vez más lo políticos que se transforman en anfibios (o sapos como dicen en el argot criminal) y que deciden croar ante las autoridades estadounidenses para ponerse a salvo ellos, sus familias y sus intereses, en detrimento del movimiento que juraban defender y que, ante las amenazas, presiones o invitaciones desde Washington, han decidido traicionar para salvarse a sí mismos.

De los tres mandamientos que les dictó el pastor de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, "no robar, no mentir y no traicionar", muchos de los morenistas que se están acercando a Estados Unidos, que ya habían violentado los dos primeros, hoy han decidido ignorar también el tercer mandamiento en busca de poner a salvo su pellejo… Los dados no dudan: Serpiente Doble.