Declaran culpable a exdirectora del Invibcs por autoliquidarse con 1.7 mdp
Tras la revisión de documentación, la Fiscalía Estatal Anticorrupción encontró que la exfuncionaria ordenó, autorizó y recibió el pago ilegal de 1 millón 718 mil 212.73 pesos.
Por haber realizado su autoliquidación con casi 1.8 millones de pesos, la exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, Rosalva Cuadras López, fue declarada culpable, confirmaron autoridades.
La exfuncionaria participó en la administración del exgobernador panista Carlos Mendoza Davis, en 2021, y tras la revisión de documentación, la Fiscalía Estatal Anticorrupción encontró que ordenó, autorizó y recibió el pago ilegal de 1 millón 718 mil 212.73 pesos.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción de BCS, Lenin Ortíz Amao, informó que el monto se consignó por concepto de "liquidación por término de relación laboral", sin conocimiento del Consejo del Instituto de Vivienda de BCS, como señala la normatividad interna y sin que hubiese terminado la relación laboral.
Por estos hechos de corrupción en 2023 se inició la investigación y se recabaron los datos de prueba, periciales, testimonios y documentos que sustentaron las acusaciones. El pasado 30 de abril el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del partido judicial de La Paz dictó el fallo condenatorio contra Rosalva 'N'.
Según explicó el fiscal, este martes se realizará la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, donde el tribunal emitirá la pena de prisión y el monto de reparación del daño que deberá cumplir la exfuncionaria.
Primer fallo condenatorio
Ortiz Amao añadió que este es el primer juicio y fallo condenatorio que logra la Fiscalía Anticorrupción de BCS -a dos años y medio de haber iniciado funciones-, y uno de los elementos que permitió el desarrollo de las investigaciones fue que la exfuncionaria ya no contaba con fuero constitucional.
Cabe mencionar que actualmente la Fiscalía Estatal Anticorrupción actualmente investiga a otros exfuncionarios y a una diputada local, Alondra Torres García (PT); no obstante, en este último caso, el Congreso -de mayoría morenista y aliados- determinó en sesión privada no iniciar el juicio de desafuero, por lo que el caso no se ha podido judicializar.
A la diputada se le investiga por el presunto delito de abuso de autoridad por simulación vinculado a cuando fue síndica en Los Cabos en la administración que concluyó en septiembre de 2024. En una operación irregular, junto al entonces secretario general, Ariel Castro Cárdenas, habrían pagado 14 millones de pesos a una empresa de intermediación financiera para la contratación de un préstamo al Ayuntamiento, gestión que nunca se realizó.
