Pide ONU investigación eficaz en crematorio de Ciudad Juárez
Del total de 383 cuerpos, 218 corresponden al sexo masculino, 149 al femenino y 16 indeterminados. Además, se están analizando restos disociados, lo que podría aumentar la cifra final de individuos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua montó un equipo especial de 40 servidores públicos, incluyendo ministerios públicos, psicólogos y trabajadores sociales, para atender a las cientos de personas que han acudido a sus instalaciones en busca de información. Hasta este jueves, más de 600 personas han sido atendidas, enfrentando la angustia de no saber si sus seres queridos se encuentran entre los restos hallados.
En la sede de la FGE se registran largas filas de personas en búsqueda de información.
El Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, afirmó su compromiso de realizar una identificación rigurosa de los cuerpos para dar "absoluta certeza" a las familias. Hasta el corte dado ayer, se informó que fueron analizados 96 cuerpos; de cuatro de ellos se lograron recuperar huellas dactilares para ser cotejadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), y se trabaja en técnicas de hidratación con 15 cuerpos más para el mismo fin.
Del total de 383 cuerpos, 218 corresponden al sexo masculino, 149 al femenino y 16 indeterminados. Además, se están analizando restos disociados, lo que podría aumentar la cifra final de individuos.
El fiscal Salas confirmó la entrega de la primera persona identificada a sus familiares: un adulto mayor cuyo cuerpo fue hallado en una carroza el día del descubrimiento de las irregularidades. Esta familia, que ya había recibido supuestas cenizas, pudo confirmar la identidad por la ropa con la que había sido velada.
La FGE ha solicitado la colaboración de las cinco funerarias involucradas con el crematorio 'Plenitud' (Luz Divina, Protecto Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno), exigiendo expedientes de los últimos cinco años. De no cooperar, advirtió, serán acreedoras a sanciones.
La funeraria Latinoamericana Recinto Funeral ya fue clausurada por subrogar servicios al crematorio investigado.
Organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas también exigieron acciones integrales para la identificación de los cadáveres.
El llamado de la ONU y las organizaciones se alinea con el informe de Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que subraya las obligaciones de los Estados de proteger y respetar a los muertos.
Este informe establece que la dignidad humana no termina con la muerte y que el maltrato a los restos mortales puede equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes para los familiares.
Además, enfatiza la necesidad de investigaciones prontas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, con el fin de garantizar el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas y sus familias.
