Suman más de 139 mil observadores en elección judicial; INE ve riesgo
El Instituto Nacional Electoral alertó sobre el uso indebido de las acreditaciones para observadores en la elección del Poder Judicial, al superar cinco veces las cifras de la elección presidencial pasada.
El inédito número de más de 130 mil observadores de la elección de integrantes del Poder Judicial generó preocupación en el INE, por el riesgo de que podría generar la coacción del voto.
De acuerdo al informe presentado por el presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral del Poder Judicial, Jorge Montaño, se han recibido 316 mil 498 solicitudes de registro como observadores electorales.
Al 21 de mayo, 139 mil 538 solicitudes de acreditación fueron aprobadas por el INE y 62 mil 552 solicitudes que no cumplieron con requisitos legales.
De las solicitudes rechazadas, se determinó que 48 mil 360 no eran procedentes debido a que las personas registradas eran militantes de algún partido político, han sido candidatas a algún puesto de elección popular o son servidoras públicas vinculados a programas sociales.
Al comentar el informe de observadores electorales, el consejero Jaime Rivera dijo que es inusual tal cantidad de solicitudes y de acreditaciones, pues representan casi cinco veces de las que hubo en la elección presidencial del año pasado.
Alertó que las acreditaciones pueden usarse para un fin distinto al que está considerado en la ley.
"Esperemos que este interés inusual por observar esta elección sea genuino por todas las personas que se han registrado como tales, que sea genuino para cumplir la ley y exclusivamente las funciones que la ley otorga a esta importante función de observación electoral que ayuda a garantizar la libertad del voto y la autenticidad de todo el proceso.
"Esperemos que así sea y que en ningún caso se vaya a emplear la observación electoral, como un mecanismo de vigilancia o coacción sobre los electores", dijo el consejero en sesión del Consejo General.
Montaño aseguró que el INE será "sumamente cuidadoso" para no permitir que cualquier circunstancia ajena al marco legal ponga en tela de duda el adecuado desarrollo y organización del proceso.