Mexicana es acusada en EU por apoyar a cártel designado como terrorista
María del Rosario Navarro-Sánchez es la primera ciudadana mexicana acusada en Estados Unidos por apoyar a una organización terrorista extranjera.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó este viernes que María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años, se convirtió en la primera ciudadana mexicana acusada formalmente por brindar apoyo esencial a una organización terrorista extranjera, tras su presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno estadounidense designó al CJNG como grupo terrorista en febrero pasado, como parte de una nueva estrategia de seguridad enfocada en combatir al crimen organizado trasnacional.
Amplio catálogo de cargos
De acuerdo con el DOJ, Navarro-Sánchez enfrenta varios cargos federales, entre ellos:
- Conspiración para contrabandear y transportar personas dentro de EU
- Tráfico y compra ilegal de armas de fuego mediante testaferros
- Conspiración para contrabandear grandes sumas de dinero en efectivo
- Distribución de sustancias controladas con fines de tráfico
- Provisión de granadas y equipo táctico al CJNG
Junto con Navarro, dos hombres mexicanos también fueron acusados por tráfico de armas en una corte federal en Texas.
"Este arresto envía un mensaje claro a quienes colaboran con grupos terroristas: serán perseguidos y llevados ante la justicia", afirmó Kash Patel, director del FBI.
Cooperación binacional en la captura
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó previamente la detención de Navarro como parte de un operativo federal en Jalisco, destacando su papel como presunta operadora del CJNG en esa región.
El DOJ reconoció en su comunicado la colaboración de autoridades mexicanas, subrayando la importancia de la cooperación bilateral para enfrentar este tipo de delitos.
La acusación ocurre en un contexto de endurecimiento de políticas de seguridad bajo el gobierno del presidente Donald Trump, que ha impulsado medidas más severas contra organizaciones del crimen organizado latinoamericano, incluyendo la designación de varios cárteles como entidades terroristas.
Esta medida ha sido acompañada por un aumento en las acciones de deportación y restricciones migratorias desde Estados Unidos hacia América Latina.
