Conserva la mitad de sus juzgadores

Los habitantes de un estado de la República se salvarán de la desgracia que se cierne sobre la población del resto de las entidades en la transformación de su Poder Judicial: Durango.

Así será porque los tres Poderes locales acordaron seleccionar a los mismos 49 candidatos a magistrados y jueces, 24-25 de los cuales desempeña hoy las funciones para las que vienen propuestos en las boletas de la elección del 1 de junio.

El acuerdo prosperó por la buena relación que tienen el gobernador priista Esteban Villegas Villarreal y el titular del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Gerardo Bonilla Saucedo y el Congreso duranguense (de mayoría morenista).

Las 49 posiciones se dividen en: 15 magistraturas del TSJ, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, una del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes y 28 juezas y jueces de las dos regiones jurisdiccionales de la entidad.

Lo mismo se intentó en Michoacán, pero el acuerdo no se concretó porque el morenista gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no tiene la misma libertad de maniobra que el priista duranguense y de nada sirvió su excelente relación con la presidencia del Congreso estatal.

Lo de Durango puede ser una muestra de civilidad política o de indeseable y vil sometimiento, pero el resultado de la elección venidera sólo afectará la impartición de justicia en 50% de las plazas que ocuparán los advenedizos. Cabe confiar en que el arreglo haya incluido una selección puntillosa de quienes carecen de carrera judicial. 

A diferencia del Poder Judicial de la Federación, prácticamente la totalidad de sus equivalentes en las 32 entidades están supeditados a sus gobernadores y gobernadoras.

En Durango por lo pronto se cumplirá formalmente con la demencial reforma constitucional sin correr el riesgo de desfondar (aunque sí entorpecer) su actual Poder Judicial (quedan bien con Dios y con el diablo), porque hubo una menos facciosa práctica del oficio político.

Nada tan plausible como lo de Durango será la elección de magistrados y jueces en Ciudad de México, cuyo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, pretendió ser electo para ministro de la Suprema Corte pero no cumplía el requisito de calificación mínima de 8 para su titulación y tuvo que bajarse de la contienda.

Para documentar el pesimismo, según reveló mi compañero Rafael Montes este lunes, 27% de los candidatos y candidatas a juzgadores en la capital (163 de 607) “no ha mostrado públicamente su título que los acredite como abogados en la plataforma Conóceles Judicial, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de acuerdo con una revisión hecha por Milenio durante la última semana. A pesar de que dicha plataforma es el espacio oficial para que los ciudadanos puedan conocer el perfil, la trayectoria y las propuestas de los aspirantes a jueces, magistrados e integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial local, más de una cuarta parte ha decidido no mostrar su título profesional en ese sitio…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com