Estado agotado

Las recientes inundaciones en el centro y sureste del país, con decenas de muertos y miles de damnificados, revelan una pérdida creciente de eficacia del Estado mexicano para anticipar riesgos, responder a emergencias y garantizar servicios públicos básicos. Lo que debería ser una gestión preventiva se ha convertido en una reacción tardía, burocrática y descoordinada.

El país enfrenta un doble rostro del agua: inundaciones en unas regiones y sequías extremas en otras. Mientras Veracruz y Puebla sufren desbordamientos, el norte y noroeste viven la peor crisis hídrica en una década. Presas en Sonora o en el Estado de México están por debajo de 30% de su capacidad, afectando a millones de personas y al campo. No se trata de falta de agua, sino de mala gestión y desinversión estructural: se han abandonado los sistemas hidráulicos, se sobreexplotan acuíferos y se pospone el mantenimiento.

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, con muertos y heridos, refleja otra cara de la ineficiencia institucional: la incapacidad de supervisar, regular y responder con rapidez ante crisis urbanas. Fue consecuencia de permisos laxos, revisiones incompletas y una cadena de mando confusa. Los equipos de rescate cumplen, pero enfrentan estructuras saturadas y decisiones lentas.

El deterioro de la infraestructura urbana agrava la frustración ciudadana. En casi todas las ciudades, baches, drenajes colapsados, fugas de agua y apagones son parte de la rutina. Más de la mitad del gasto en infraestructura municipal se usa para reparar daños, no para prevenirlos. Se vive en una espiral de emergencias donde se privilegian anuncios de obras nuevas, mientras se descuida el mantenimiento básico.

A esto se añade la falta de vigilancia sanitaria y control fronterizo, evidenciada con el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos por el brote del gusano barrenador del ganado. La suspensión de exportaciones dejó pérdidas millonarias y mostró otra falla estructural: sistemas de sanidad y trazabilidad debilitados por falta de inversión, coordinación y personal técnico.

Estas crisis -ambientales, urbanas y sanitarias- tienen una raíz común: la erosión de las capacidades institucionales. La centralización del poder, la improvisación y la pérdida de capacidades locales han dejado a los municipios sin personal técnico ni recursos suficientes.

El costo social y económico es enorme: cada desastre o falla implica vidas perdidas, daños patrimoniales y pérdida de confianza. México destina miles de millones a reparar lo que pudo prevenir con una fracción del presupuesto.

Recuperar la eficacia estatal requiere tres grandes cambios: invertir sostenidamente en prevención, establecer una gobernanza coordinada entre niveles de gobierno y profesionalizar el servicio público con transparencia y rendición de cuentas.

México no carece de talento ni recursos, sino de visión, planeación y continuidad. Las inundaciones, la sequía, la pipa incendiada o el cierre fronterizo no son hechos aislados: son advertencias de un Estado que sólo recuperará su legitimidad si vuelve a lo esencial: gobernar con anticipación, cuidar lo que existe y servir con responsabilidad.