El asesinato que no quieren investigar

"El asesinato que no quieren investigar", escribe Raymundo Riva Palacio en #EstrictamentePersonal

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue aportando información sobre el asesinato del influyente abogado David Cohen el martes pasado, cuya narrativa empieza a mostrar su inducción: un crimen presuntamente cometido por un asunto relacionado con su trabajo. La investigación, sin embargo, tiene fallas metodológicas inexplicables, porque no puede argumentarse que sea por falta de capacidad, sino por lo que apunta a un encubrimiento.

Por un lado, como se reveló ayer, los dos videos del asesinato contradicen radicalmente la versión del crimen que dio la fiscal capitalina Bertha Alcalde. Por la otra, hay pruebas de que no se está investigando porque no quieren saber qué sucedió. Dos botones de muestra: las personas que tuvieron contacto con Cohen el día de su muerte, no han sido llamadas a declarar, y evidencias clave, como el celular del abogado, no forman parte de la investigación.

Cohen fue a ver el martes al mediodía, poco antes de la comida, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra -el jefe del Poder Judicial capitalino-, pero no lo recibió. Regresó alrededor de las 3:30 de la tarde y, de acuerdo con testigos, quien lo recibió fue Karen Miranda, la secretaria particular de Guerra, que es el factor de poder en el Tribunal. No está claro si finalmente se entrevistó con Guerra, porque a esa hora estaba reunido con los líderes de los siete sindicatos del Tribunal en un salón del piso 12, cerca de la oficina de Miranda.

El asesinato se cometió a las 16:19 horas en las escalinatas del Tribunal, donde probablemente Miranda fue la última persona con la que platicó. Se desconoce qué habló con ella -y hasta donde se sabe, tampoco ha sido llamada a declarar por la Fiscalía-, pero ha trascendido que uno de los temas de los que había estado hablando Cohen con Guerra, de quien era un gran amigo, era para persuadirlo a ir soltando los controles que tiene en el Tribunal para reducir las presiones en su contra y despresurizarlo de las acusaciones de corrupción.

Uno de los problemas crecientes que está enfrentando Guerra, que quiere reelegirse por tercera ocasión en diciembre es la corrupción, que van desde una escala ínfima, como la venta de plaza de mecanógrafo -para garantizar base y jubilación-, que se vende entre 150 y 200 mil pesos, o casos de asuntos relevantes que pueden llegar a costar hasta dos dígitos en millones de pesos. La corrupción en el Tribunal no necesariamente significa que beneficie o sea promovida por Guerra, pero es algo que lo ha manchado ampliamente y tendría que investigarse, de haber denuncias, o mediante auditorías del Órgano Administrativo del Tribunal, que sigue bajo su control y no ha iniciado el relevo.

El crimen de Cohen cayó en medio de este proceso inmerso en la cloaca existente en el Tribunal, y que en el camino registra ya su segundo atentado. El primero fue el asesinato del chofer del magistrado Alejandro Sentíes, dentro del vehículo afuera del estacionamiento del Tribunal, aunque el objetivo, sostienen dentro del órgano, era el funcionario. Sentíes es un contendiente muy fuerte para la presidencia del Tribunal, junto con la magistrada Rosalba Guerrero. Y en este momento, cualquiera de ellos tendrían más votos que Guerra.

El que los asesinatos se crucen con el proceso interno de reelección no significa que estén relacionados, cuando menos hasta ahora. Las investigaciones públicas sobre el asesinato de Cohen, omiten por completo esta variable y van por un lado totalmente diferente. Cohen era un abogado civilista que había llevado casos de alto impacto, que se acomoda al perfil de Donovan, detenido el miércoles y señalado como el segundo tirador que lo mató. Según ha trascendido, era utilizado en despojos, en los que también estaba involucrada su supuesta víctima.

¿Es posible que las acciones de la Fiscalía vayan en el rumbo correcto? ¿Fue por un tema relacionado con un cliente inconforme, o alguien a quien traicionó Cohen? Las preguntas no tienen ningún piso donde caer. ¿Por qué Alcalde no quiere ir a fondo? ¿Por qué tiene la carta blanca para acotar la investigación por un lado, y desviarla por la otra? En este momento, lo más probable es que aún no tengan una aproximación real sobre el asesinato o su móvil, que sin embargo, se dio en medio de la profunda crisis que vive Guerra, en su lucha por reelegirse.

Este factor político, pese a todo, no es el más fuerte, por lo que la Fiscalía está prefiriendo mirar hacia otra parte y construir un caso que se acomode a sus fines. Guerra ha sido una pieza importante para maniobras judiciales de los poderosos.

Un caso paradigmático fue cuando actuó a favor del fiscal Alejandro Gertz Manero para que, junto con la entonces fiscal Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, pidiera cárcel para su cuñada Laura Morán -nunca la pisó por su edad- y su hija Alejandra Cuevas, que estuvo un año privada de su libertad por el homicidio en contra de su hermano. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que determinó que los delitos eran inventados.

Guerra tiene relaciones políticas importantes. Las más, con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y el abogado Jorge Arturo Galván, que tiene enorme influencia e incidencia en el Tribunal por ser el primo de su esposa, Verónica De Gyves, miembro del Tribunal de Disciplina Judicial y muy cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cohen tenía una relación tan estrecha con él, que abogados que tenían asuntos atorados en el Tribunal, acudían a él para que intercediera a favor de ellos con Guerra. Algo similar sucedió con Jesús Hernández Alcocer, cuya fama se socializó porque asesinó a su pareja en un restaurante japonés en 2022, que era enlace con el general Audomaro Martínez, cuando era el jefe del Centro Nacional de Inteligencia, y uno de los brazos fuertes de López Obrador.

El asesinato de Cohen puso una bomba de tiempo en el Tribunal por su relación con Guerra y sus lazos políticos. Las autoridades tienen la urgencia de saber quién lo mandó matar y por qué, pero no necesariamente decir la verdad.

Raymundo Riva Palacio

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