La conexión Iztapalapa

El asesinato el martes pasado de dos de los colaboradores más cercanos en afecto y trabajo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, provocó en las primeras 24 horas de haberse cometido el crimen una revelación involuntaria de ella y del secretario de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez, que exteriorizaron su sentir que el atentado había sido resultado del combate contra las organizaciones delictivas en la capital federal.

Poco después del doble homicidio, Brugada aseguró que su gobierno continuaría “con su lucha implacable contra la inseguridad”, cuya frase perdió la ambigüedad al día siguiente, cuando Vázquez ubicó el crimen contra Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno y, José Gómez, su principal asesor político, en el contexto de la lucha contra las bandas criminales en la capital federal. “No daremos ni un paso atrás”, enfatizó, prometiendo que “ninguna forma de violencia doblegará a la Ciudad de México”.

Con la investigación en sus primeras horas y sin los peritajes terminados, los funcionarios eliminaron en los hechos las hipótesis de trabajo que tendrían que haber sido incorporadas: conflictos personales o políticos como probables móviles del crimen. Aunque la verdad, estamos bastante acostumbrados a tener asesinatos de alto impacto, sin saber nunca qué los provocaron. Brugada y Vázquez, sin embargo, se brincaron esa fase y lo perfilaron como una venganza contra las autoridades locales. Aun así, está poco claro el perfil de quien ordenó las muertes.

La afirmación de Vázquez -el crimen como respuesta al combate frontal a los delincuentes- tiene un punto débil: quienes responden de esa manera no son las bandas, sino los cárteles de las drogas y lo hacen de manera directa. El Cártel de Sinaloa quiso matar a José Luis Santiago Vasconcelos, que era el encargado de delincuencia organizada en la entonces Procuraduría General de la República, pero logró evadir un bazucazo que le dispararon cuando iba rumbo a la oficina.

La misma organización mató a dos de los mandos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que estaban golpeando a los líderes del cártel, que también buscó matar al jefe de la Policía de la Ciudad de México en 2008, pero la bomba que iban a colocar debajo de su auto explotó antes por el mal manejo al transportarla. En 2020, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuvo cerca de morir en un ataque de un grupo numeroso de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con ese patrón, quienes debieron haber sido los objetivos naturales de un atentado de esta envergadura, eran Vázquez mismo o la fiscal capitalina, Bertha Luján. Guzmán y Gómez se salían completamente del perfil como enemigos frontales de los cárteles. Adicionalmente, quien los escogió como objetivos sabía perfectamente que sus muertes golpearían a Brugada en el centro, lo que lleva a la pregunta de quién, con esa capacidad de fuego y la organización para poder huir con éxito y apostar con certeza a la impunidad -aunque caigan los autores materiales-, pudo haber escogido blancos tan precisos para enviar un mensaje directo y personal a la jefa de Gobierno. Brugada y Vázquez, por sus palabras, parecen haber decodificado de esta manera el atentado, por lo que hay que entender que en esta línea de argumentación, la siguiente no será una advertencia sino una acción directa.

Esta línea lleva a la siguiente pregunta sobre por qué advertir y no matar. Experiencias en otras ciudades o incluso países tienen como común denominador que quienes reciben ese tipo de advertencias es porque incumplen un pacto y esperan que se corrija. Incumplir puede ser visto como una traición, pero esta lleva directamente a un atentado con fines letales, mientras que el mensaje radical busca corrección al acuerdo violado.

Brugada y Vázquez dejaron más preguntas y dudas que certezas con sus intervenciones, lo que obliga a la revisión de los antecedentes de la exalcaldesa de Iztapalapa, que es en extremo compleja y de alta incidencia criminal, que colinda con municipios bravos del Estado de México.

Iztapalapa forma un corredor en la zona oriente de la Ciudad de México hasta Tepito, en donde se controlan los mercados criminales y conectan con los cárteles de las drogas -no confundir en tamaño, dimensión del negocio y capacidad de fuego con las bandas criminales que también se hacen llamar “cárteles”- por dedicarse también al narcomenudeo.

Brugada, que gobernó la alcaldía por nueve años, bajó de manera significativa la percepción de inseguridad entre sus gobernados, aunque, paradójicamente, en el último año de su gestión se comenzaron a prender las alertas amarillas sobre presuntas relaciones de la administración local con grupos criminales, que fueron advertidas al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles se reveló en este espacio que en el penúltimo año de gobierno de Brugada y López Obrador, el gabinete de seguridad le informó al presidente que habían detectado que el Cártel Unión Tepito, la organización criminal que domina la Ciudad de México, le había puesto precio a la “cabeza” de la actual jefa de Gobierno, molesto por un reacomodo político-criminal en Iztapalapa. Las alertas comenzaron en el otoño, cuando el gabinete de seguridad le informó que la Unión Tepito buscaba vengarse por el fortalecimiento de su rival en Iztapalapa, el grupo Anti-Unión Tepito y la creciente presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que había entrado a la capital por Milpa Alta y Tláhuac, responsabilizando a la alcaldesa de la irrupción.

López Obrador, que tuvo en Brugada una operadora eficiente y fiel por años, y la estaba impulsando para quitarle a García Harfuch la candidatura de Morena al gobierno capitalino, ordenó que se le reforzara la seguridad, pero no solicitó que se investigara si en efecto había el reacomodo señalado. En diciembre, el Presidente recibió nueva información de que Brugada y la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, estaban siendo señaladas por la Unión Tepito de haber incumplido pactos con ese grupo mientras que han sido condescendientes para no afectar las operaciones de sus adversarios. Sin embargo, el gabinete de seguridad no tenía confirmación de que ello fuera correcto.

Raymundo Riva Palacio

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