AMLO le abrió las arcas, ¿Sheinbaum les da poder?

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, la exgobernadora Ivonne Ortega, dio ayer la voz de alerta: la reforma a las leyes que rigen a la Guardia Nacional, dependiente del Ejército mexicano, permitirían que militares en activo, pertenecientes a ese cuerpo marcial, puedan competir por cargos políticos y de elección popular. Bastaría una "licencia" otorgada por el presidente de la República, en su carácter de Comandante en Jefe, o del secretario de la Defensa Nacional, para que los militares pudieran postularse a cargos electorales a nivel municipal, estatal o federal.

"Hay un párrafo que a mí me preocupa mucho, bueno varios párrafos, pero en particular hay uno que habla de una ‘licencia especial’ a los miembros de la Guardia Nacional, que en funciones pudieran competir a cargos de elección popular, tener cargos administrativos municipales, estatales, federales, con el permiso del comandante en jefe o el secretario de la Defensa. Nada más. O sea, no pasa por Senado, no pasa por Cámara de Diputados, no pasa por nadie más. Huele a autoritarismo, a golpe de Estado", declaró la coordinadora emecista, que adelantó el voto en contra de su bancada a la propuesta de reforma.

Y es que, aunque en la legislación actual no hay una prohibición total o absoluta para que los militares puedan competir por cargos políticos o de elección, la Constitución mexicana sí establece que los militares en activo no pueden competir en un proceso electoral, y sólo podrán postularse a algún cargo de elección si solicitan licencia para separarse de sus funciones antes de las elecciones. Esa ha sido una de las reglas históricas que se crearon para evitar que los militares utilizaran su posición o recursos militares para influir en las elecciones, y también para garantizar que solo ciudadanos puedan competir en los procesos electorales y no militares en activo.

Esa disposición constitucional, que limita a los militares en activo en la política, fue impuesta desde 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza, quien a propuesta del general Álvaro Obregón, secretario de Guerra y Marina, estableció la obligación de que cualquier militar en activo que quisiera buscar o postularse a un cargo popular, tenía primero que separarse de sus funciones militares con una licencia definitiva. Con esa medida, Carranza y Obregón impulsaron la desmilitarización de la vida política de México y pusieron fin a los gobiernos de los generales que durante casi dos décadas provocaron inestabilidad, asonadas y golpes de Estado en el naciente sistema político posrevolucionario.

Hoy, con las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, que pretenden discutirse en el periodo extraordinario que comenzó ayer, se reabre un viejo debate que proviene de la antigua era priista, donde a lo largo de los años hubo intentos de reformas y discusiones sobre la participación de los militares en la vida política.

Las reformas de Sheinbaum se presentan en momentos en los que el Ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas en general, han cobrado un papel protagónico y nunca antes visto en la vida civil de la República, con el otorgamiento de contratos, funciones y concesiones de obra pública, servicios y labores que les fueron otorgados por el gobierno del expresidente López Obrador, y que antes estuvieron reservados a ciudadanos civiles.

Es decir, que en la lógica del nuevo régimen de la autonombrada 4T, si en el sexenio pasado se les dio a los militares no sólo el mayor presupuesto público de su historia, con incrementos constantes en los recursos que manejan –tan solo la Sedena maneja en este año 2025 un presupuesto de 151 mil 995 millones de pesos–, sino que además se les asignó la administración de aeropuertos, aduanas, carreteras aerolíneas, construcción de grandes obras públicas y la creación de fideicomisos especiales para financiar sus pensiones con ingresos federales, ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum se les quiere reabrir y facilitar el acceso a los cargos públicos de elección.

Justo hace unos días se conoció la lista de nuevos cónsules que propuso la doctora Sheinbaum al Senado para ser nombrados en varias ciudades estadunidenses, y llamó la atención el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio como nuevo cónsul de México en la ciudad de Dallas, Texas, algo que, aunque no es ilegal, no ha sido común en la historia del Servicio Exterior Mexicano, donde los militares históricamente ocupan solo cargos de Agregados Militares en la embajadas o consulados del país, reservándose los cargos diplomáticos a civiles, preferentemente con carrera diplomática.

Y es en ese contexto que la coordinadora de MC en San Lázaro expresó su alerta por esta propuesta: "Son temas en los que hay que profundizar. Nosotros no estamos de acuerdo. Es muy fácil, si ahora hacen muchas cosas fuera de la ley imagínense con esa oportunidad que se debe, no van a poder mantener al pueblo. Los ciudadanos no van a estar protegidos", dijo la legisladora.

En resumen, la preocupación y la alerta de la diputada Ivonne Ortega tiene mucho sentido. Si ya en la Constitución y las leyes mexicanas se establece claramente que los militares en activo no pueden participar en política ni competir por cargos electorales, salvo en el caso de que se separen de la función militar con una licencia definitiva, ¿cuál es entonces el interés de la presidenta por revivir viejos fantasmas del militarismo en la vida política introduciendo esta reforma a la Guardia Nacional, que para efectos legales y operativos ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿No se supone que para eso López Obrador militarizó la Guardia y la volvió a meter administrativa y legalmente a la Defensa Nacional?

Sería interesante que la presidenta explicara lo que tiene en mente con esta reforma que parece dirigida a revivir la participación militar en la vida política del país o al menos a facilitarle a cuadros de la polémica Guardia Nacional su llegada a cargos de elección. ¿Tendrá a algún o algunos generales en mente la presidenta para hacerlos candidatos de Morena a gobernadores o alcaldes o incluso para la Presidencia? Es pregunta que amerita respuestas, sobre todo si no quieren que se piense que López Obrador les abrió las arcas públicas a los militares y ahora Sheinbaum les quiere abrir el acceso al poder. Los dados mandaron Serpiente Doble. Descenso obligado.