La embajadora madurista en México y su turbio pasado

Perteneciente al círculo más cercano de Nicolás Maduro, la actual embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, carga con un pasado lleno de señalamientos y acusaciones graves por parte de la oposición venezolana, que la señala de proteger y favorecer el tráfico de drogas durante su larga gestión como gobernadora del estado Falcón, en el caribe venezolano, donde se afirma que entre 2008 y 2017, que ella gobernó ese estado, proliferaron las pistas clandestinas en zonas lejanas y desérticas, que servían para el tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos, operadas por el Cártel de Los Soles, hoy declarado como organización terrorista internacional por el Gobierno de Estados Unidos.

Llegada a México en los primeros meses de 2025 (un año antes de que el dictador Maduro fuera capturado y extraído de Caracas por el gobierno de Donald Trump), Stella Lugo fue designada por la Asamblea Nacional madurista en diciembre de 2024, luego de que en julio de ese mismo año fuera retirada de la embajada venezolana en Argentina, que fue cerrada por el gobierno de Maduro en rechazo a los resultados electorales que le dieron el triunfo al actual presidente argentino, Javier Milei. Desde su nombramiento como embajadora hubo reacciones y cuestionamientos de los opositores venezolanos, tanto en Caracas como en México, que recordaron su paso controvertido por el estado de Falcón.

Lugo Betancourt es una figura política vinculada al oficialismo venezolano y al círculo de poder más cercano del gobierno de Nicolás Maduro. Originaria de Caripito, inició su trayectoria dentro del proyecto político bolivariano y alcanzó el rango de capitana de las Milicias Bolivarianas, consolidando posteriormente una carrera ligada a las estructuras de gobierno del chavismo. Su ascenso político estuvo estrechamente relacionado con el poder ejercido junto a su esposo, el exgobernador Jesús Montilla Aponte, conformando el denominado clan Montilla-Lugo, que mantuvo amplia influencia sobre el estado Falcón durante más de diecisiete años. Primero bajo la administración de Montilla Aponte entre 2000 y 2008, que le heredó el poder a su esposa Stella como gobernadora entre 2008 y 2017.

El estado Falcón es considerado una zona estratégica del territorio venezolano por su riqueza petrolera, actividad turística y cercanía marítima con Aruba y Curazao. La entidad fue escenario de constantes controversias durante la gestión del clan Montilla-Lugo. Diversos sectores opositores denunciaron en aquellos años actos de corrupción, deterioro de servicios públicos y el incumplimiento de proyectos de infraestructura destinados a atender la crisis de agua y de electricidad en la región.

Las acusaciones más severas surgieron en torno a los vínculos entre estructuras regionales de poder y operaciones ilícitas en el Caribe (la red de narcotráfico Colombia-Venezuela-Mexico). Durante años, dirigentes de la oposición venezolana calificaron públicamente a Stella Lugo como una "narcogobernadora", señalando que bajo su administración Falcón habría servido como corredor estratégico para el tráfico ilícito y en donde trabajaba libremente el Cártel de los Soles, grupo del narcotráfico venezolano liderado por el Ejército Bolivariano y el gobierno nacional.

Diputados opositores, periodistas y organizaciones civiles denunciaron en varias ocasiones que desde las zonas desérticas y apartadas del estado Falcón operaban pistas clandestinas utilizadas por avionetas que transportaban cargamentos ilícitos hacia islas del Caribe. La droga, según fuentes venezolanas, era transportada en maletas hechas de cuero de burro porque el olor de la piel del equino neutraliza el olor de la droga e impide su detección por parte de los perros entrenados. Para mover los cargamentos, dicen las fuentes, se sacrificó a burros salvajes que habitaban en las zonas desérticas del estado y que fueron totalmente exterminados con ese fin.

Según estas denuncias, áreas cercanas a la Península de Paraguaná y otros puntos estratégicos de Falcón habrían sido utilizadas como rutas de salida aérea hacia Aruba, Curazao y otras a Antillas, aprovechando la cercanía geográfica y la limitada vigilancia territorial. Algunas de estas acusaciones señalaron incluso la construcción de pistas utilizadas para operaciones ilegales y la presunta existencia de redes de protección política y militar, que también fueron señaladas por habitantes y conocedores de la zona, que, por miedo, nunca denunciaron oficialmente.

Durante su gestión como gobernadora, parlamentarios venezolanos vincularon a miembros del entorno familiar y político del clan Montilla-Lugo con esquemas de tráfico de drogas, extracción y traslado ilegal de minerales y concesiones otorgadas bajo figuras turísticas en territorios insulares.

Cuando concluyó sus nueve años como gobernadora, Stella Lugo ocupó otros cargos de alta relevancia dentro del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos ministra de Turismo, protectora del estado Anzoátegui y jefa del Territorio Insular Francisco de Miranda, entidad responsable de administrar archipiélagos estratégicos como Los Roques, La Orchila y Las Aves, espacios que también fueron mencionados en denuncias opositoras relacionadas con presuntas operaciones ilícitas y movimientos irregulares hacia el Caribe.

En el ámbito político venezolano, el entorno de Stella Lugo también quedó asociado a episodios de confrontación institucional. Su esposo, Jesús Montilla Aponte, fue señalado por sectores opositores por su presunta participación en hechos violentos ocurridos contra la Asamblea Nacional en 2016 y posteriormente integró la Asamblea Nacional Constituyente instaurada en 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque las acusaciones sobre narcotráfico y redes criminales en contra de Lugo Betancourt y su esposo han tenido amplia repercusión mediática y política, hasta el presente no hay denuncias formales, ni investigaciones o condenas judiciales firmes contra la actual Embajadora venezolana en México por esos delitos ya que ha estado arropada por el Gobierno venezolano, desde la dictadura encabezada por Maduro y continúa protegida por la inmunidad diplomática que le mantiene el gobierno de Delcy Rodríguez, que bajo el control de los Estados Unidos, en algún punto tendrá que investigar y entregar también a los narcopolíticos venezolanos si se lo solicita el gobierno de Trump… Los dados repitieron Serpiente. Descenso obligado.