Hicieron mal la ley que violan

El principio de seguridad jurídica implica que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, de modo que todos sus actos deben estar fundados y debidamente motivados.

Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, están jurídicamente impedidos para llamar a votar en la elección de jueces, magistrados y ministros.

La única autoridad facultada para hacerlo es el Instituto Nacional Electoral.

De ahí que el Consejo General del INE, por ocho contra tres votos, resolviera el sábado llamar a la mandataria y al Congreso a abstenerse de promover el voto ciudadano.

En su artículo 506, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece:

“Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.

Sin embargo, tanto Sheinbaum como Monreal han advertido que continuarán llamando al voto y que impugnarán ante el Tribunal Electoral la decisión del INE.

Para los ingenuos que consideren que nada de malo tiene que desde los poderes políticos se invite a la ciudadanía a ejercer sus derechos electorales, conviene tomen en cuenta que en las boletas aparecerá claramente cual de los tres Poderes impulsa tal o cual candidatura y que, con el arrasador triunfo del oficialismo en la pasada elección, difícilmente seleccionará a los que promueven los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que el Judicial ha sido satanizado en los últimos seis años, de manera que los resultados son previsibles a favor de postulaciones respaldadas por el “segundo piso” de la 4t.

Con los antecedentes de la antidemocrática sobrerrepresentación legislativa y la tramposa aprobación de la reforma impuesta por el obradorato (que incluyó la compra del voto decisivo en el Senado a cambio de retirar las acusaciones penales contra el traidor Miguel Ángel Yunes Márquez), se da por descontado que el Tribunal echará abajo la resolución del INE para que el oficialismo siga interviniendo como se le dé la gana.

La propia presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, quien votó en contra, calificó el acuerdo del consejo que encabeza como una “restricción excesiva, desproporcionada y jurídicamente injustificada” y advirtió ayer que la prohibición puede caerse en el Tribunal, dominado por una mayoría de tres a dos magistrados afines al lopezobradorismo.

Contra la patraña de que la elección de nuevos juzgadores nada tiene que ver con la política está la insistente intromisión presidencial y legislativa que militan en el mismo movimiento “de transformación” al que quieren sumar, dinamitando la separación republicana, la futura impartición de justicia…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com