Inaudita y burda chicanada de Nafin

El 11 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los más de 10 mil 200 millones de pesos de cuatro fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que Nacional Financiera transfirió indebidamente a la Tesorería de la Federación serán destinados al Issste. 

Por correo electrónico a un destinatario equivocado, la institución arguye que acató “instrucciones superiores”.

La chicanada es violatoria del contrato suscrito entre el Consejo de la Judicatura Federal y el banco de desarrollo que se supone está “al servicio de la política económica del país, que dirige y realiza su actuación de fomento en el desarrollo del sector industrial y la promoción de la inversión en proyectos estratégicos y prioritarios”.

Lo grave de la transferencia es que probablemente constituye un delito porque Nafin se comprometió a obedecer únicamente las instrucciones del fideicomitente: el Consejo de la Judicatura Federal.

“¿Para qué se quiere utilizar?”, se preguntó la Presidenta. “Principalmente para el Issste, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial usan el Issste porque son trabajadores del Estado y también para beneficio de los maestros y las maestras, con el objetivo de que los servicios de salud del Issste (cuyo presupuesto de este año asciende a 525 mil 615 millones 400 mil pesos) puedan mejorar sustantivamente…”.

Ante la esfumada de lo que uno de los Tres Poderes confió a Nafin y la indignada protesta del Consejo por no haber sido informado ni prevenido y mucho menos instruyó que se hiciera el movimiento atendiendo a las propias cláusulas del contrato, Sheinbaum añadió:

“No tiene razón la Corte (sic). De todas maneras, pedimos a la Secretaria de Gobernación que envíe un comunicado a la Corte para decirle cuál es el sustento jurídico para lo que se está haciendo. Entonces, no hay nada irregular, no hay ningún problema y, sencillamente, en vez de que quede en unos cuántos de la Corte y además que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte y sus salarios y todo ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte. Va a ser para beneficio de los trabajadores del Estado, de todas y de todos, para poder mejorar los servicios de salud del Issste…”.

Si de falsedades se tratara, es absolutamente falso que ese dinero estuviera destinado a los “altos funcionarios de la Corte”.

De acuerdo con la reforma del obradorato, de esos fideicomisos serían liquidados con tres meses de salario y 20 días por año de trabajo a los juzgadores que por simple dignidad no se prestaron a la elección que viene y los que participen y pierdan en los comicios del 1 de junio, que a la fecha suman 310: 254 magistrados y magistradas y 56 jueces y juezas…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com