Sí, su ley busca la censura

La última mañanera de abril mostró dos caras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, la exasperación porque su intento marrullero para colar una ley de telecomunicaciones y radiodifusión centralista, autoritaria y de control social y político, no pasó desapercibido pese al ruido ensordecedor de otros temas en la opinión pública. Y por el otro, que los argumentos contra la crítica que la denunciaba como un intento de censura para minar la libertad de expresión, se caen bajo el propio peso de sus falsas conclusiones.

La Presidenta, entregada a la campaña de propaganda de su coordinador de asesores -exvocero de Andrés Manuel López Obrador-, Jesús Ramírez Cuevas y su brazo ejecutor, Jenaro Villamil, director interino del Sistema Público de Radiodifusión del gobierno, presentó en la mañanera a un académico orgánico del régimen, Carlos Augusto Jiménez Zárate, que presentó un estudio sobre la reacción en las redes y medios a la ley. El profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue a cumplir su misión: lanzar cortinas de humo y con afirmaciones sin prueba, buscar un cambio en la conversación.

“El análisis de los usuarios más relevantes nos confirma que las cuentas son de políticos, medios, periodistas y trolls que forman parte de una red que lleva muchos años emitiendo noticias falsas, desinformación y ataques contra los gobiernos de la cuarta transformación”, afirmó. O sea, una operación mediática estructurada que une a personas con diferentes posiciones e intereses, algunas incluso enfrentadas entre sí, en una “campaña artificial” contra la ley, como si la coincidencia en preocupaciones por la conculcación de libertades fuera una operación colectiva. Otra más de las mentiras que inventa Ramírez Cuevas, a través de una boca diferente a las usuales.

No le gusta a la Presidenta que le digan censora con tentaciones autócratas, pero en lugar de elaborar respuestas con argumentos, responde con epítetos. La confrontación de ideas no se le da ni a ella ni al régimen. Ciertamente, no es fácil sostener una discusión con razones. Sus llamadas “réplicas” no presentan evidencias, sino emociones. Funciona en la forma, pero no en el fondo.

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí es un documento que atenta contra las libertades y censor. A petición de Sheinbaum el Senado detuvo su aprobación para mayor discusión, pero en el mismo formato está otra trampa. El Senado convocó a un conversatorio en lugar de un parlamento abierto. Aunque los dos son foros para escuchar ideas y opiniones, un conversatorio no pasa de eso, mientras que en el parlamento abierto, se presentan propuestas para ser tomadas en cuenta en la elaboración de leyes. Si les hacen caso o no, es otra discusión, pero en el conversatorio, por definición, ese paso no se da.

Los intentos de la Presidenta y la maquinaria de propaganda no van a frenar la crítica. De hecho, en su análisis, Jiménez Zárate excluyó a varios voceros oficialistas y a funcionarios federales que también han criticado la ley, incluso calificándola en algunos casos como censura. Incorporar esas opiniones anulaba la denuncia de una “campaña alterna”, por lo cual esconderlas era más funcional para su objetivo.

Sheinbaum ha reducido la discusión de su ley a un artículo sobre plataformas digitales, que podría “apagar” si incumplen normas y observaciones que no se sabe cuáles son, pero que podrían interpretarse bajo los criterios generales y ambiguos de otros artículos, como el de las amenazas, o el uso de lenguaje que consideren los censores inapropiados. Programas de sátira política como “El Privilegio de Mandar”, “Los Peluches”, o noticieros como “La Radio de la República”, donde Chumel Torres combina la sátira con la información, podrían ser censurados.

La ley, entre muchas otras cosas, le permite al gobierno intervenir en la infraestructura de telecomunicaciones en caso de alteraciones del orden público, sin especificar cuáles serían las alteraciones, por lo que una marcha que no organizara el gobierno, podría caer bajo en esos criterios y silenciar su difusión. Lo mismo podría suceder si considera que hay una amenaza a la seguridad nacional, que tampoco define qué es. Una acusación al aire, como las que ha hecho Sheinbaum de mexicanos que querían que interviniera Estados Unidos contra el narco, ¿entraría en esa categoría? Probablemente, vista la línea de pensamiento del régimen, sí.

Hay un artículos que con diferente terminología busca reincorporar el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2022 porque abría la puerta al gobierno de vulnerar la privacidad de los usuarios y que ahora llaman “registro de usuarios del servicio móvil”, sin tener claridad sobre los procedimientos y alcances que pretende. La ley permite también la creación de una base de datos nacional georreferenciada de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, que puede utilizarse como una herramienta de control social y político.

La ley crea, aunque no lo dice, la figura de una especie de comisario político, responsable de vigilar y controlar a la sociedad. Esa figura es José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se convertiría en el velador de la ideología del régimen, en la visión de Sheinbaum, atento a que nadie piense y actúe más allá de los parámetros que ha establecido unilateralmente y que, cuando eso suceda, reprima y suprima de inmediato a quien haya osado desafiarla.

La figura de comisario político surgió durante la Revolución Francesa pero adquirió su fama represora en la era estalinista de la Unión Soviética, donde tenía poder sobre los más altos rangos del Ejército para el control ideológico y mantener la lealtad al Partido Comunista. Aunque originalmente se inscribía en el ámbito militar, hoy se utiliza para referirse a quienes son nombrados con el objetivo de controlar que una sociedad se mantenga dentro de los confines políticos marcados por la autoridad superior.

Esto es lo que quiere Sheinbaum que haga Merino, a quien la ley le otorga la concentración de 64 facultades regulatorias, operativas y sancionadoras, para decidir qué quiere la presidenta que se diga, cómo se diga, quién lo diga y en qué momento lo diga.

Raymundo Riva Palacio

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