Bloquean cuentas a los Bartlett

La Unidad de Inteligencia ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de todas las cuentas bancarias y de inversiones de León Manuel Bartlett Álvarez y de Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja, respectivamente, de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, quien está siendo solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos por su presunta participación en el caso del asesinato de Enrique Camarena Salazar, ocurrido el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco.

En la que sería una de las primeras acciones del nuevo titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, ratificado esta semana por la Cámara de Diputados, el organismo solicitó el bloqueo inmediato de las cuentas de la familia Bartlett, lo que confirmaría la existencia de una investigación abierta desde el Gobierno federal en torno al también exsecretario de Gobernación y exgobernador de Puebla y quien después de haber colaborado en el gobierno de López Obrador, se encuentra retirado de la vida política.

Fuentes cercanas a la familia del político poblano confirmaron que tanto León Bartlett como Julia Abdalá han sido ya notificados del congelamiento de cuentas, por los que ambos consultaron a varios despachos de abogados en busca de iniciar una defensa legal ante la medida dictada por la UIF que les cancela el acceso a sus recursos.

Apenas el pasado 16 de julio a Manuel Bartlett Díaz se le vio entrar al Palacio Nacional, luego de varios meses de no aparecer en público. Su llegada al edificio donde despacha la presidenta Claudia Sheinbaum desató toda clase de especulaciones, a tal grado que al día siguiente le preguntaron a la mandataria en su conferencia matutina si había recibido al exdirector de CFE y ella aclaró:

"Sí vino a ver una persona que trabaja en Consejería (Jurídica), el que fue su Jurídico durante su periodo. Me informaron que vino a eso, aquí trabaja mucha gente, no sólo la Presidenta, trabaja toda la Secretaría de Hacienda, una parte de Consejería Jurídica, entonces cuando vienen a ver un asunto, pues entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona. Ahora, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Que le hayan hecho una campaña al licenciado Bartlett. Él llegó, entró a ver y fue a ver a una persona, para un asunto particular", dijo la Presidenta en tono molesto.

El pasado 7 de agosto el periodista Raymundo Rivapalacio publicó en su columna Estrictamente Personal, que "las autoridades mexicanas ya fueron advertidas: Manuel Bartlett va a ser acusado en Estados Unidos por haber autorizado que le informaran a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, que Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA infiltrado en esa organización criminal. Ese aviso llevó a su muerte en 1985 y su participación en el crimen, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se detuvo ahí. Bartlett también ayudó a que Caro Quintero no fuera detenido en México, por lo que pudo fugarse del país".

Según el mismo Rivapalacio, "las autoridades mexicanas ya le informaron a Bartlett de su situación en Estados Unidos, y la verdadera razón de su visita a Palacio, de acuerdo con el periodista, fue que lo citó la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien le habría informado de su situación y de la presentación de grabaciones de las torturas a Kiki Camarena y a su piloto Alfredo Zavala, por parte de los fiscales estadounidenses ante la Corte del juez Frederick Block, en Brooklyn, en donde habría también pruebas de su presunto involucramiento en el asesinato del agente de la DEA.

La acción de la UIF en contra de la familia Bartlett confirmaría que ya se le abrió también una investigación por parte del Gobierno mexicano o que dicha decisión también pudo haber sido solicitada por las autoridades del Departamento de Justicia, en razón de las investigaciones que ellos tienen abiertas en contra del político mexicano.

Hace ya 40 años del caso Camarena y desde entonces las autoridades de la DEA tienen la mira puesta en Bartlett Díaz, a quien consideran una pieza clave en el asesinato de su agente a manos del Cártel de Guadalajara. El entonces secretario de Gobernación, en el sexenio de Miguel de la Madrid, es visto como la parte que le falta a la agencia antidrogas para cerrar su llamada "Operación Leyenda", la investigación a través de la cual lograron documentar cómo fue el secuestro, tortura y asesinato del Kiki en febrero de 1985.

Las presiones de Estados Unidos para que México extradite al político poblano se incrementaron a raíz de que Rafael Caro Quintero, uno de los asesinos intelectuales del agente de la DEA, llegó finalmente a Estados Unidos, entregado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum en febrero pasado, luego de seis años en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó a extraditarlo y rechazó varias peticiones del Departamento de Justicia. Con Caro ya en prisión y a punto de empezar su juicio, sólo les faltaría Bartlett para cerrar un caso que, para la Agencia antidrogas estadounidense se volvió un asunto de "honor" y de justicia para su agente caído.

Cuando concluyó el sexenio de López Obrador, se habló mucho de que Manuel Bartlett Díaz sería enviado, por órdenes del expresidente, como embajador de México en París, con la idea de que concluyera en la llamada Ciudad Luz, donde él vivió en distintas etapas de su vida, además de darle la inmunidad diplomática. Pero por alguna razón su nombramiento nunca llegó y hoy, a juzgar por las acciones que está tomando la UIF en contra de los Bartlett, difícilmente llegará y es más probable que, dentro de las peticiones y exigencias del gobierno de Trump, la Presidenta no tenga otra opción que ceder y entregarlo a las autoridades estadounidenses… Los dados cierran semana con Escalera. Buen fin y descanso para los amables lectores.